Cobran agentes del Ministerio Público por devolver carros robados

Tijuana, BC.- Un turbio negocio que podría enlodar hasta a la procuradora Perla del Socorro Ibarra se gesta en un nido de corrupción identificado como Agencia de Robo de Vehículos que opera en Otay, donde los agentes del Ministerio Público exigen dinero para devolver los carros recuperados.

Las víctimas de los roba carros se enfrentan a tres mafias del crimen organizado: la que peina las calles robándose los vehículos, la que opera en esta agencia del ministerio público y la que desmantela los autos en los corralones.

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Víctor Mendoza Enríquez, víctima de agentes corruptos del Ministerio Público, refiere  que “uno batalla más para recuperar su propiedad que el mismo malandro que se robó el vehículo porque a él lo soltaran a las 48 horas y uno aquí yo tengo ya hoy se cumplen ya 15 días para recuperar lo que es de uno, 15 días, y el malandro se robó y yo no puedo recuperar el mío es que uno nada más.

Con el uso de lenguaje de los corruptos, que les va a tronar la bronca, que le van a dar a la víctima el número de un tercero que les ayudará a cambio de dinero, operan estos malandros que cobran como agentes del Ministerio Público, han creado una red de extorsión en la agencia de robo de vehículos.

 

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“El caso llegó primero con el licenciado Ignacio García, de ahí pasó a Verónica Muñoz, y de esa licenciada a otro licenciado, es un pasadero de carpetas que al final nadie sabe ni nadie supo” explicó la víctima de la extorsión.

Hombres de trabajo humildes, vendedores en mercados sobre ruedas, tienen que enfrentar una tercera mafia, la de grúas y corralones Cajeme donde su vehículo, una vieja camioneta Astro con la que transportan su mercancía, ya está desvalijada.

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“En las grúas Cajeme el vehículo llegó caminando, ya no tiene bayonetas, no tiene terminales, no tiene batería, no sabemos el vehículo estaba en buenas condiciones lo empezaron a desmantelar” dijo.

La pesadilla de este padre e hijo no ha terminado pues a las tres mafias, una de las cuales es encabezada por la procuradora Ibarra Leyva, se suma el pago que aún deben hacer para recuperar su propiedad.

 

Mendoza Enríquez enlistó que “el simple arrastre son mil 250 pesos más aparte de la almacenamientos son 50 peso diarios leva alrededor de 9 días casi mil pesos, eso hasta la fecha de hoy no nos han devuelto de vehículo en el proceso hemos encontrado gente que tiene hasta más de un mes”.

Sin duda, un ejemplo de cómo en el gobierno de los bisnes de Francisco Vega, se aplica la ley de joder más al jodido.

 

Con información de Juan Arturo Salinas