TIJUANA, Baja California.- El Coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña presentó un análisis técnico jurídico y financiero, así como la inviabilidad del dictamen 95, donde se concluye que fue concebido y aprobado sin cumplir cada uno de los requisitos que prevé una ley federal de la materia, que es la ley de disciplina financiera para Estados y Municipios y que se establece claramente que la deuda debe hacerse sobre una inversión pública productiva que no se cumplen con las desalinadoras.
“Quien va a construir, operar y mantener las desalinadoras será la Iniciativa Privada, no estamos dentro del rubro que la ley federal autoriza para un endeudamiento y con ello no estaríamos generando un presupuesto equilibrado, sino que estaríamos colapsando las finanzas públicas y ahí es donde entra la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a evaluar y a poner candados”, comentó Atilano Peña.
Atilano Peña precisó que Baja California en estos momentos se encuentra en alerta naranja en el sistema de la SHCP lo que significa que tenemos un techo de endeudamiento y que ya no podemos endeudarnos de manera arbitraria ni caprichosa, sino que tenemos que seguir ciertos lineamientos.
Así mismo, explicó que el dictamen 95 va a impactar sobre las finanzas públicas y nos convertiría en la entidad más endeudada por encima de la Ciudad de México, la cual actualmente tiene una deuda de 72 mil millones de pesos y Baja California 27 mil millones de pesos, sumándole los posibles 84 mil millones que significa el dictamen.
Por lo anterior, el coordinador de COCI indicó que este dictamen no cumple con las especificaciones técnicas y por lo tanto no debe incluirse en el siguiente presupuesto de egresos, por lo que solicitarán a la SHCP que ponga un candado a este endeudamiento, que no lo autorice y coloque la alerta roja.
“Estamos solicitando todo esto para prevenir al Ejecutivo y Diputados que ya hay responsabilidades nuevas a partir de esta ley federal que son administrativas donde un endeudamiento irregular genera un crédito fiscal en perjuicio patrimonial personal de los funcionarios, es decir si hay un desfalco lo tendrán que pagar los funcionarios que incurrieron en este endeudamiento y si hay desvío de recursos estaremos en responsabilidades penales”, concluyó Atilano Peña.
Con información: Monserrat Chávez
