El condado de San Diego es el hogar de unos 170,000 migrantes que viven en el país ilegalmente, según un informe publicado por el Centro de Investigación Pew.
Según el estudio, alrededor de 11 millones de inmigrantes vivían en los Estados Unidos sin autorización en 2014. La mayoría se encontraban en la región de New York-Newark-Jersey City, con 1 millón 150 mil migrantes. El área metropolitana de Los Angeles-Long Beach-Anaheim fue segunda, con un millón.
El estudio encontró que las poblaciones de “inmigrantes no autorizados” estaban altamente concentradas, con 61 por ciento de ellos viviendo en 20 grandes áreas metropolitanas.
En comparación, el 36 por ciento de la población total de los Estados Unidos vive en esas mismas áreas. Los investigadores señalaron que las personas que viven en Estados Unidos ilegalmente tienden a establecerse en zonas que albergan a grandes poblaciones de migrantes legales. Sesenta y cinco por ciento de los migrantes legales viven en las 20 principales áreas metropolitanas identificadas en el estudio, según el informe.
Las poblaciones inmigrantes no autorizadas en las áreas de Nueva York y Los Ángeles superaron con mucho a cualquier otra área metropolitana, con el área de Houston colocando en tercer lugar en la lista con 575 mil. Los cinco primeros fueron Dallas-Fort Worth con 475 mil y Miami-Fort Lauderdale con 450 mil .
El área de Riverside-San Bernardino-Ontario ocupó el noveno lugar con 250 mil.
Cinco de las 20 áreas metropolitanas que contiene la lista de las mejores viviendas para inmigrantes no autorizados están en California, con San Francisco-Oakland en el puesto 11 y San José-Sunnyvale en el puesto 18. Tres de las áreas metropolitanas de la lista están en Texas.
San Diego no fue catalogada como una de las principales ciudades para su población de inmigrantes ilegales.
“Algunas de estas áreas podrían verse afectadas por la promesa de la administración Trump de tomar medidas contra localidades que no cooperan con funcionarios federales en la identificación de inmigrantes no autorizados”, según el estudio. “La orden ejecutiva del presidente promete recortar los fondos federales a estas ‘jurisdicciones del santuario’. Alcaldes en varias ciudades grandes han dicho que no cumplirán con la orden”.
