Como candidato del Partido Republicano, Donald Trump hizo una campaña marcada por una retórica racista, xenófoba y antiinmigrante. Como presidente electo, declaró que en sus primeros 100 días de gobierno, implementará un plan para deportar a “dos o tres millones de extranjeros criminales (criminal aliens)”. Igualmente cancelará fondos federales a las ciudades santuario y anulará las órdenes ejecutivas de Obama que incluyen como la más relevante la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).
Los nombramientos que Trump está haciendo para su gabinete confirman que implementará una política antinmigrante sin concesiones. En este sentido, la inclusión de Kris Kobach-autor de la ley SB 1070 de Arizona y las subsecuentes que le siguieron en otros estados-a la cabeza del diseño de la política migratoria, apunta hacia el tono que tomará la política migratoria en la era de Trump. En concreto, se buscará reducir la presencia de migración indocumentada y forzar su salida de Estados Unidos complicando su vida diaria mediante una vigilancia extrema en todo el país.
Las declaraciones de Trump sobre el endurecimiento de la vigilancia fronteriza y migratoria hacen eco de una política de Estado aplicada en desde los 1990s, reafirmada después del 11 de septiembre de 2001.
