CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció la creación de la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral, que coordinará el proceso de transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federal y locales, con los poderes judiciales y con los organismos de conciliación que se originarán conforme a las nuevas disposiciones.
La titular de la Unidad, Ángela Quiroga Quiroga, explicó que una de las primeras tareas es el diseño del marco normativo de las nuevas instituciones que regirán en el ámbito de la justicia laboral, “es decir, una nueva legislación procesal en la materia, cuya operación estará en manos de los poderes judiciales del fuero común y de la Federación”.
La funcionaria informó que ya se trabaja en la creación del Código Nacional de Procedimientos Laborales, a efecto de presentarlo ante la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Su objetivo, dijo, es unificar el marco normativo en la materia en todo el país.
Un segundo instrumento será la Ley del órgano descentralizado, autónomo y con presupuesto propio, como responsable del servicio de conciliación, que operará el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y de Contratos Colectivos de Trabajo, así como los reglamentos internos de trabajo.
La siguiente tarea, añadió, se dispersa en distintas instituciones, ya que por un lado los poderes judiciales determinarán de manera autónoma qué modelo de gestión deciden llevar a cabo.
Cuando ya lo hayan definido, también deben hacer un presupuesto y considerar los costos, así como un plan específico de implementación en sus propios tribunales, incluido el Poder Judicial de la Federación.
“Este nuevo sistema significa, primero, la vigencia de un estado de derecho que trae consigo confianza, orden, la posibilidad de planear en el largo plazo y da certeza de las reglas del juego que se tienen dentro de una sociedad”.
En el caso de la justicia en materia laboral, puntualizó, tiene una función específica que tiene que ver con el derecho social fundamental al trabajo decente y digno, y que los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo tengan certeza de poder ser exigidos cuando un empleado considera que su derecho ha sido violado.
En agosto de 2015, Quiroga fue designada por la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez, al frente de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de esa dependencia.
Ella también se encarga de coordinar los trabajos del Programa Alerta Amber, dedicado a la búsqueda y localización de los menores de edad.
Antes de llegar a la PGR, la titular de la Unidad se desempeñó como directora general del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y fungió como secretaria técnica de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
