Criminalización de la protesta busca inhibir defensa de derechos: ONG

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OAXACA, Oax. (apro).- La criminalización de la protesta social es una política de Estado que busca inhibir la defensa de derechos humanos, denunciaron 11 organizaciones no gubernamentales en su informe sobre detenciones arbitrarias e ilegales.

Pese a que la ONU ha declarado como detención arbitraria la aprehensión de cinco activistas, entre ellos tres de Oaxaca, las ONG se quejaron que han sido desoídas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre los casos mencionaron el de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, detenidos arbitrariamente hace mil 307 días; Librado Baños Rodríguez, capturado arbitrariamente desde hace mil 208 días; Pedro Canché Herrera, aprehendido arbitrariamente durante 638 días antes de ser liberado el 29 de mayo de 2015, y Nestora Salgado, detenida arbitrariamente 941 días antes de ser liberada el 18 de marzo pasado.

También precisaron que en el caso de Pedro Canché y Nestora Salgado están aún a la espera de recibir la debida reparación integral por los daños sufridos y, en el caso de la exlíder de autodefensas guerrerense, aún sigue siendo perseguida y criminalizada.

Las cinco personas defensoras han sido reconocidas por opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias como víctimas de captura arbitraria.

Las cinco opiniones fueron emitidas en un espacio de poco más de un año, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, lo que constituye un hecho inédito al ser la primera vez en que el Grupo de ONU emite tal número de opiniones sobre un mismo país en un periodo de tiempo tan reducido.

A dos años y cinco meses de la emisión de la primera opinión, los activistas Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños permanecen arbitrariamente detenidos y enfrentan constantes y reiteradas violaciones a sus derechos –incluyendo malos tratos y tortura–, situación que les ha ocasionado daños irreparables en su salud.

Cabe destacar que estos cinco casos emblemáticos sólo representan una ínfima parte de las detenciones arbitrarias que ocurren impunemente en el país, pero ejemplifican la existencia de un preocupante patrón de criminalización de la protesta social en México.

Este patrón de detención arbitraria de activistas parece responder a una voluntad de inhibir su trabajo en defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía mexicana, se resalta en el informe.

Las ONG precisaron que los cinco activistas y su detención está vinculada a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos.

Todos ellos fueron arrestados de forma ilegal sin orden de aprehensión, encarcelados por delitos que no cometieron y sujetos a un mismo patrón, que incluye diferentes formas de tortura y malos tratos en el momento de la detención y en las instalaciones penitenciarias, incomunicación, desaparición forzada antes de su presentación, amenazas, confinamiento, campañas de difamación, violaciones al debido proceso y falta de independencia del Poder Judicial al calificar como legales dichas detenciones.

También explicaron que este informe forma parte de una campaña nacional e internacional conjunta que ya ha llevado a las organizaciones participantes a organizar reuniones con instituciones internacionales, como la Unión Europea y sus Estados miembros en Bruselas; las Naciones Unidas y las autoridades suizas en Ginebra, y con autoridades nacionales e internacionales en la Ciudad de México.

Cabe destacar que los tres activistas que permanecen en situación de detención arbitraria — Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños– son originarios y/o realizaban su labor de defensa de derechos humanos en el estado de Oaxaca.

La presentación del reporte en Oaxaca responde a la grave preocupación por la situación de los tres defensores que permanecen detenidos y por el carácter sistemático de la criminalización de la protesta social en la entidad federativa, pues organizaciones de la sociedad civil han documentado 77 casos de personas presas por motivos políticos en esta entidad.

Finalmente, exigieron la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco activistas por las numerosas violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos.

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