La violencia ha desplazado a más de 6.000 personas en Guerrero, según el jefe de una organización de derechos humanos, que está pidiendo al gobierno estatal que declare una crisis humanitaria en respuesta.
Manuel Olivares Hernández, del Centro Regional de Derechos Humanos de Morelos y Pavón, dijo que 2.000 personas se han visto obligadas a abandonar el municipio de Leonardo Bravo y otras 2.000 han huido de varias comunidades en la región del estado de Montaña.
Alrededor de 800 familias también han sido desplazadas del municipio de Chilapa debido a amenazas de bandas criminales, mientras que otras 40 han huido de dos ciudades en Zitlala, agregó.
Además, los altos niveles de violencia en la región de Tierra Caliente, notoriamente peligrosa, y en la región de la Sierra de la adormidera también han obligado a los residentes, pero las cifras de esa área no han sido documentadas.
“Podríamos decir que el número de personas desplazadas debido a la violencia en Guerrero es mayor que el número en la caravana de migrantes de Centroamérica, pero el gobierno ha tratado de hacerlos invisibles”, dijo.
Junto con el sacerdote y activista católico José Filiberto Velázquez Florencio, Olivares exige que el gobierno y el Congreso de Guerrero declaren una crisis humanitaria para que la gravedad de la situación se reconozca formalmente y las organizaciones internacionales puedan intervenir.
Olivares dijo que él y Velázquez también están buscando una reunión urgente con el gobernador Héctor Astudillo y representantes de las personas desplazadas para encontrar una solución “más efectiva” al problema de violencia y desplazamiento del estado.
Astudillo dijo el miércoles que la violencia en la región de la Sierra es un problema de seguridad nacional, un comentario que Olivares considera evidencia de la apatía del gobierno estatal por abordar el problema.
“Lo que está sucediendo aquí es que no hay voluntad política para enfrentar la situación. “El gobierno del estado ha permitido que este problema crezca y declararse incompetente es la única salida que queda para el gobernador”, dijo.
Olivares también pidió a los gobiernos estatales y federales que desarmen a los grupos que se hacen pasar por policías de la comunidad, alegando que han proliferado.
“No debería ser posible que haya una lluvia de balas frente al ejército y la policía estatal. El problema aquí es que hay una mezcolanza [de las fuerzas de seguridad], una interrelación, una interdependencia entre las autoridades y el crimen organizado. “Vivimos en un narcoestado y en México hay prácticamente un narco-gobierno”, dijo.
