Debe fincarse responsabilidad legal a los responsables jurídicos del gobierno municipal que en las últimas administraciones, decidieron combatir la demanda del empresario Jaime Bonilla para negarse a pagar los daños y perjuicios ocasionados a su negocio, sabiendo que tarde o temprano tendrían que cubrirlos, y el alcalde Jorge Astiazarán debe dejar de lado el orgullo y la arrogancia asumida en este caso, aseguró el director fundador de la Facultad de Derecho de la UABC, Luis Humberto López Gutiérrez.
López Gutiérrez consideró irresponsable el comportamiento de las anteriores administraciones municipales, que desde Jorge Hank, prefirieron combatir la demanda de Bonilla Valdez en vez de pagar los daños ocasionados por un empleado municipal a las instalaciones de este empresario de medios de comunicación, cuando el monto a cubrir todavía eran los 630 mil dólares, a diferencia de los casi dos millones de dólares a que hoy asciende el compromiso, incluyendo gastos y costas del juicio así como los intereses.
El expediente se abrió en 2007, cuando un policía auxiliar en estado de ebriedad y encargado de cuidar las antenas de trasmisión de la empresa Media Sport de México, S.A., en el Centro Urbano 70-76, comenzó a derrapar su vehículo estampándose contra una de ellas. Una de ellas daño el edificio y un vehículo estacionado en el mismo.
El responsable fue a prisión pero su patrón el Ayuntamiento, se negó a pagar los daños. Este fue llevado a juicio por el empresario afectado, quien ganó finalmente en los tribunales y sin embargo desde julio pasado se ha negado a cumplir la sentencia. Hoy el adeudo supera los 2 millones de dólares.
López Gutiérrez dijo que el actual alcalde no se escapa de la responsabilidad, porque desde el inicio de la administración conocían del tema y debió negociar con el demandante, sabiendo que el expediente ya se encontraba prácticamente en última instancia. Lamentó las declaraciones hechas por el primer edil y sobre todo, su decisión de no cumplir la sentencia, e incurrir en un acto de desacato, por lo cual puede terminar en prisión.
Al hablar sobre el ámbito de responsabilidad personal que tienen los servidores públicos que toman decisiones que afectan el patrimonio de la ciudad y por ende de los tijuanenses, el litigante consideró procedente la acción legal en su contra, porque no es justificable que los funcionarios actúen irresponsablemente acostumbrados a que la factura no se paga de sus bolsillos.
Si bien los alcaldes o el Cabildo pueden argumentar que ellos tomaron la decisión en base al estudio efectuado por su departamento jurídico, los titulares de esta área no tienen escapatoria y la responsabilidad legal debe recaer en alguien, en vez de permitirse que los daños sean pagados con recursos de los contribuyentes, que se distraerían de los programas municipales.
