Defendiendo a David en contra de los Goliats del mundo ante la Corte Internacional

BEIJING – La primera gran oportunidad de Paul S. Reichler llegó a finales de los años 70, cuando, no mucho después de haber salido de la facultad de leyes de Harvard, fue socio de litigio en un selecto bufete legal de Washington. Los sandinistas acababan de llegar al poder en Nicaragua, y los socios no tenían inconveniente en poner trabajar de tiempo completo a un joven e idealista abogado para recuperar activos nacionales que se había llevado la dictadura de Somoza.

Pero, en ese momento, Ronald Reagan ganó la Casa Blanca y puso de cabeza la política hacia Centroamérica. Algunos de los importantes socios en el bufete se estuvieron uniendo a la nueva administración, la cual ya había convertido la expulsión de los sandinistas en un importante objetivo de política exterior. Reichler pronto estuvo ante una alternativa: dejar a los sandinistas o abandonar el bufete legal.

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Se quedó con los nicaragüenses, y en 1986 ganó un histórico caso por ellos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El acusado era su propio país, Estados Unidos, al cual le ordenaron que dejara de explotar los puertos de Nicaragua. La Casa Blanca de Reagan, que se había negado a firmar la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, pasó por alto el fallo, confiada en que soportaría cargos de haber violado el derecho internacional.

Reichler, de 68 años de edad, actualmente es socio mayor en Foley Hoag, con una oficina en la esquina en el barrio caro de Washington que dejó hace 30 años. Sin embargo, últimamente había estado en La Haya, donde, en la culminación de un caso de tres años, obtuvo una extensa victoria esta semana para Filipinas, cuando un tribunal internacional borró casi todos los reclamos de China en el Mar de la China Meridional.

Existen diversas similitudes con el informe nicaragüense. Reichler está asistiendo nuevamente a un pequeño país, las Filipinas, combatiendo a uno grande. Y una vez más, el país grande, en este caso China, se negó a participar y denunció públicamente al tribunal, tildándolo de parcial y antiasiático. (Estados Unidos efectivamente apareció en las primeras etapas del caso de Nicaragua en los años 80, pero después se retiró.) Incluso con mayor ferocidad que la administración Reagan, China ha jurado hacer caso omiso del resultado.

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Para Reichler, actualmente miembro de una fraternidad exclusiva de abogados que representan a países ante cortes y tribunales internacionales, la conducta actual de China es más extrema que la de Estados Unidos en los años 80.

“El caso de Nicaragua es una excepción, una gran excepción y una terrible excepción”, dijo Reichler. “Considero que la administración Reagan es una anomalía en términos del respeto al derecho internacional. Estados Unidos no tiene antecedentes de cumplimiento con los juicios de la Corte Internacional de Justicia”.

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El caso entablado por Filipinas fue el primero en contra de China en una corte o tribunal internacional en La Haya, aunque Beijing ha estado involucrado en arbitraje relacionado con la Organización Mundial de Comercio y ha cumplido con fallos adversos, dijo Reichler.

Para forasteros, la ausencia de China pudiera parecer que facilita los procedimientos. De hecho, dijo, las sillas vacías en la elegante cámara de La Haya los dificulta. “En un caso como este, el tribunal quiere acertar. Aquí hay cinco de los juristas más eminentes, y ellos saben que hay mucho interés en el caso”, dijo. “Ellos saben que va a ser interpretado con sumo cuidado”.

Así que en vez de confiar en lo que Reichler y su equipo de abogados y expertos ambientales presentaron, los árbitros condujeron sus propias averiguaciones sobre los insignificantes detalles de la historia del Mar de la China Meridional, incluyendo la profundidad del agua alrededor de islas artificiales construidas por China.

“Después de casi 40 años como litigante, sé que siempre es mejor tener a la otra parte ahí. Se preguntó a Las Filipinas cuando menos 10 veces más el número de preguntas que en cualquier otro caso en el que yo haya estado involucrado”, dijo. “A veces al desarrollar sus argumentos, el tribunal da mejores argumentos de los que habría expuesto la otra parte”.

Al formar el caso en contra de la Casa Blanca de Reagan, el juvenil Reichler sabía que necesitaba cierta seriedad en el equipo. Así que reclutó a Abram Chayes, ex asesor legal del Departamento de Estado y popular defensor en la Facultad de Leyes de Harvard. Chayes se lanzó a la yugular, diciéndoles con gran fervor a los 15 jueces en La Haya de la muerte y destrucción infligidos a Nicaragua por la explotación minera de sus puertos por parte de Estados Unidos. Con una votación de 15 votos a favor y 0 en contra, la corte ordenó que Estados Unidos parara.

Debido a que Reichler fue el espíritu en movimiento detrás del caso, el reconocimiento por la victoria recayó mayormente en él. De ahí, él se forjó una carrera como abogado progresista en temas que le atraían – derechos humanos, soberanía territorial y daño ambiental a través de fronteras, entre otros – y casi siempre del lado de los afectados.

Cuando las Filipinas decidió que sus negociaciones con China en torno a sus disputas en el Mar de la China Meridional habían llegado a un callejón sin salida, el secretario del Exterior, Albert del Rosario, también abogado, decidió por el arbitraje internacional.

Del Rosario dijo que había recorrido el mundo en busca de abogados que no se intimidaran por acometer a China, y finalmente recomendó a Reichler al presidente, Benigno S. Aquino III.

China ha mantenido una posición intransigente con respecto al fallo de La Haya, jurando que no aceptará, reconocerá o ejecutará el juicio, lo cual le convierte en un renegado, a los ojos de muchos, cuando se trata de aceptar fallos internacionales con carácter obligatorio legalmente.

Justamente como en el caso de Nicaragua, no hay mecanismo alguno para hacer valer la orden de la corte. Sin embargo, hay esperanza de que, como en la década de los 80, el fallo pudiera marcar el camino hacia un arreglo.

En vista del desafío de la administración Reagan, la decisión de 1986 contribuyó darle vuelo a la oposición en el Congreso y reforzó la determinación de gobierno centroamericanos a buscar el final a la guerra en Nicaragua.

“Esto podría llevarlos en seis meses o un año o más a buscar una forma de resolver la disputa con las Filipinas”, dijo Reichler, “lo cual significaría adaptarse solos al juicio final de manera considerable”.