El Consejo Judicial Federal (CJF) dijo que Anuar González Hemadi había sido despedido por “actuar en contra de las pruebas presentadas” y cometer “errores inexcusables” en el llamado caso “Porkys” en el que una niña de 17 años fue presuntamente agredida por Cuatro jóvenes de familias acomodadas en Boca del Río, Veracruz, en enero de 2015.
González le otorgó un recurso judicial a Diego Gabriel Cruz Alonso en marzo de 2017 que lo liberó de la custodia y dictaminó que no había pruebas suficientes para continuar con el caso.
El CFJ, que supervisa los tribunales de México, dijo en referencia a la orden judicial que “las decisiones jurisdiccionales siempre deben ser instrumentos que impacten positivamente en las personas y generen un cambio social a través de sus precedentes y nunca estén sujetos a intereses privados o económicos”.
Después de dejar un club nocturno en Boca del Río, Dafne Fernández fue obligada a subir a un vehículo por cuatro estudiantes universitarios que la llevaron a una de sus casas en la zona residencial de la Costa de Oro y supuestamente la violaron.
La víctima declaró que uno de los hombres acarició sus pechos y el otro le insertó los dedos en la vagina.
Pero el juez dijo que “un toque o caricia incidental no se considerarán actos sexuales si no se presenta una prueba de que se hizo para satisfacer un deseo sexual”.
González también dictaminó que Fernández no estaba “indefensa”, lo que según la ley exigía, porque ella había podido moverse al asiento delantero del automóvil después de rogar a sus atacantes que se detuvieran.
El juez fue suspendido previamente por el CJF en marzo de 2017 en espera de una investigación sobre su conducta.
El caso “Porkys” ganó prominencia nacional en marzo de 2016 después de que se publicara un video en YouTube en el que los cuatro estudiantes, hijos privilegiados de políticos y líderes empresariales, se disculparon por sus acciones.
Diego Cruz Alonso huyó a España poco después, pero fue arrestado en enero de 2017 y extraditado a México, pero pronto fue liberado como resultado de la orden judicial otorgada por González.
Solo uno de los hombres involucrados en el caso, Enrique Capitaine, se encuentra actualmente bajo custodia, pero no ha sido acusado formalmente.
Un juez le otorgó una orden judicial a Gerardo Rodríguez después de decidir que mientras estuvo presente cuando ocurrió el abuso, no participó en él, mientras que el cuarto hombre, Jorge Cotaita, se encuentra actualmente a un fugitivo de la justicia.
Con información de Mexico News
