En su editorial, DEMANDA CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO, The New York Times dice lo siguiente:
Este verano, en respuesta a la indignación de la población debido a un torrente de escándalos por la corrupción del gobierno, los legisladores mexicanos aprobaron una fuerte ley contra la corrupción por la cual se requiere que los funcionarios públicos sean más transparentes en sus finanzas. Que eso ayude a terminar con la cultura del amiguismo y los sobornos en México, dependerá, en gran medida, de que los periodistas vayan a poder investigar e informar sobre la clase gobernante.
Un frenesí reciente de engañosas demandas legales que se presentaron en contra de periodistas _ y un preocupante fallo jurídico, emitido en mayo, por el cual se elevaron los topes monetarios a los daños por difamación _ están teniendo un efecto escalofriante en el periodismo de investigación y en la crítica. De todos los retos que, históricamente, han obstaculizado a la prensa mexicana, incluidos el hábito de la autocensura para apaciguar a los anunciantes y la violencia, la injustificada exposición legal a la que hoy se enfrentan los periodistas es una relativamente fácil de solucionar.
Los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley por la cual se hiciera más difícil que los funcionarios públicos y otros personajes públicos demandaran por difamación. Sería sensato que el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido el objeto de alegatos de pago por participar debido a algunos acuerdos de bienes raíces de los que salió beneficiada su familia, endosara esa ley. Lo ayudaría con mucho a avanzar en volver a tener la confianza de un electorado al que le ha dado bastantes razones para que cuestione su integridad y buen juicio.
La periodista más destacada a la que se ha demandado recientemente es Carmen Aristegui, una periodista de radio y televisión que, en el 2014, coordinó a un equipo que sacó el primer gran reportaje sobre la presunta falta de decoro en la que incurrió
Peña Nieto. Aristegui y sus colegas documentaron, en forma meticulosa, un acuerdo bajo el cual una constructora, a la que se le habían otorgado contratos gubernamentales lucrativos, construyó una mansión para la esposa del presidente, Angélica Rivera.
MVS, la agencia de noticias que los tenía empleados en ese momento, misma que depende enormemente de la publicidad del gobierno, se negó a transmitir el reportaje, según Aristegui. Los periodistas la publicaron de forma independiente y después hicieron la crónica de la saga y sus efectos colaterales en un libro que salió el año pasado. En julio, Joaquín Vargas, el dueño de MVS, demandó a Aristegui por supuesto “daño moral”. Esa demanda es una de 10 que se presentaron hace poco en contra de periodistas cuyo seguimiento realiza la Organización de Estados Americanos.
“Esto ha generado alarma”, dijo en una entrevista Edison Lanza, el ponente especial para la libertad de expresión en la OEA. “Parece factible que algunos funcionarios públicos se estén aprovechando de esto”.
Un demandante es Humberto Moreira, quien fuera gobernador del estado de Coahuila, y, en julio, presentó demandas en contra de dos periodistas porque escribieron unos artículos en los que se refieren a los alegatos de corrupción que lo han perseguido de tiempo atrás. Uno de ellos, Sergio Aguayo, ha dicho que sospecha que el caso se presentó para disuadirlo de que deje de investigar una masacre ocurrida en Coahuila en el 2011. El gobernador lo está demandando por aproximadamente 535,000 pesos.
Peña Nieto, quien nunca ha explicado a cabalidad los sospechosos acuerdos inmobiliarios, emitió una disculpa en julio. “Si queremos volver a tener la confianza de los ciudadanos, todos tenemos que ser autocríticos, empezando por el presidente del país”, dijo. Ese sentimiento sería más creíble si el presidente encabezara el esfuerzo paro prevenir que la gente poderosa utilice las demandas para intimidar a la prensa.
