LOS ÁNGELES ⎯ El esposo de Cristina la había golpeado y amenazado repetidamente durante años, dijo, pero no fue sino hasta el año pasado que ella empezó a temer por la seguridad de sus hijos pequeños también. Renuentemente, lo reportó y presentó una denuncia policial.
Cristina, inmigrante procedente de México que llegó a Estados Unidos como adolescente en los años 80, empezó a solicitar una visa especial para víctimas de maltrato que la pondría en camino de la ciudadanía y su propia libertad. Luego, recientemente, le dijo a su abogado que ya no quería hacer la solicitud. Tenía demasiado miedo, dijo, no de su esposo, sino del gobierno.
“Me asusta que me encuentren”, dijo Cristina, quien vive en un suburbio de Los Ángeles y pidió que no se usara su apellido, en una entrevista.
La violencia doméstica siempre ha sido un delito difícil de procesar. A menudo a las víctimas les toma años buscar ayuda, y frecuentemente deben ser convencidas de testificar contra sus agresores. Y, para muchas víctimas no autorizadas, dar ese paso se ha vuelto excesivamente difícil debido a temores de que el gobierno las detenga y las deporte si presentan cargos, según funcionarios policiales, abogados y activistas en todo Estados Unidos.
Desde la elección presidencial, ha habido una pronunciada caída en los reportes de agresión sexual y violencia doméstica entre los latinos en todo el país, y muchos expertos atribuyen la declinación a los temores de deportación. Funcionarios policiales en varias grandes ciudades, incluidas Los Ángeles, Houston y Denver, dicen que la consecuencia más peligrosa de los cambios en las políticas y de las duras declaraciones sobre la inmigración es que menos inmigrantes están dispuestos a acudir a la policía.
El número de latinas que reportaron violaciones en Houston ha caído en más de 40 por ciento este año respecto del mismo periodo el año pasado, dijo Art Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston. El descenso, añadió, “parece el principio de que la gente no reporte los delitos”.
En Los Ángeles este año, los reportes de violencia doméstica entre los latinos han descendido 10 por ciento y los reportes de agresión sexual 25 por ciento respecto de hace un año, declinaciones que Charlie Beck, el jefe del Departamento de Policía, dijo que probablemente se deben al temor al gobierno federal. Docenas de proveedores de servicios y abogados entrevistados dijeron que las inmigrantes estaban decidiendo no reportar los maltratos o presentar cargos.
“Siempre hemos dicho a nuestras clientas que aun cuando sean indocumentadas no deben preocuparse por ello; los agentes van a protegerlas”, dijo Kate Marr, directora ejecutiva de la Sociedad de Ayuda Legal del Condado de Orange, California. El nivel de temor ahora, sin embargo, no se parece a nada que Marr haya visto en sus casi dos décadas trabajando con sobrevivientes de la violencia doméstica, dijo.
“Todo lo que siempre hemos dicho a nuestras clientas se ha ido por la borda”, dijo. “Es muy desalentador y muy atemorizante imaginar qué sucederá si continúa”.
El temor entre las inmigrantes se vio agravado por un caso en El Paso, donde agentes de Inmigración y Aduanas arrestaron a una mujer en febrero momentos después de que recibió una orden de protección contra el hombre que dijo la había maltratado. La Comisión sobre Derechos Civiles de Estados Unidos, una agencia independiente bipartidista, instó a los funcionarios federales la semana pasada a reconsiderar sus tácticas de arresto en tribunales. La agencia dijo que el caso de Texas y otros arrestos en tribunales estaban teniendo un efecto disuasivo sobre las inmigrantes en todo el país.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre las preocupaciones en torno al intensificado temor entre las inmigrantes.
La Casa de Laura, que ayuda a cientos de víctimas de violencia doméstica en el Condado de Orange cada año, rutinariamente pregunta a las usuarias sobre su estatus migratorio para poder ayudarlas a solicitar protecciones de visa si es necesario. Bajo lo que se conoce como visa U, las víctimas de ciertos delitos reciben permiso de quedarse en Estados Unidos si ayudan a la policía; y la promesa de la visa a menudo convence a las víctimas de agresión sexual y violencia doméstica de denunciar.
Previamente, casi la mitad de los más de 70 casos nuevos que la Casa de Laura recibía cada mes provenían de inmigrantes no autorizadas. En los últimos tres meses, esa cifra ha descendido a menos de uno a la semana.
Muchas mujeres comparten las preocupaciones de April, de 23 años de edad, quien esperó años antes de presentar cargos contra el padre de sus hijos y quien pidió que no se usara su apellido.
“Yo llamaba a la policía y usaba otro nombre o hacía que un vecino llamara”, dijo April, quien cruzó la frontera desde México cuando tenía ocho años y vive en el Condado de Orange. “Cuando se lanzaba contra mí, decía que me regresarían a México y nunca vería de nuevo a mis niños. Yo le creí por mucho tiempo”.
El capitán James Humphries, quien supervisa la división de investigaciones de víctimas especiales en el Condado de Montgomery, Maryland, dijo que vio la disposición a presentar denuncias descender drásticamente en el condado, donde los inmigrantes conforman una gran parte de la población. Su unidad ha recibido aproximadamente la mitad de los llamados por agresión sexual y violencia doméstica este año que en el mismo periodo el año pasado, dijo.
“Es un desafío constante para nosotros asegurar a la comunidad que la forma en que trabajamos no ha cambiado y que la Casa Blanca no puede dictarnos cómo realizar nuestra labor policial”, dijo Humphries. “Afecta a todos los crímenes en general, pero si las víctimas de violencia doméstica no denuncian, la realidad es que no confían en la policía”.
“No quieren ser victimizadas por alguien más”, dijo Jenkins. “Nada de lo que hacemos en las calles tiene algo que ver con el estatus migratorio, y las personas en las comunidades inmigrantes, tanto legales como ilegales, son lo suficientemente inteligentes para saberlo”.
El Consejo sobre Violencia Doméstica del Condado de Los Ángeles recibía típicamente alrededor de media docena de llamadas a la semana, y menos de la mitad de hispanoparlantes. Pero, desde enero, ha recibido solo dos llamadas, dijo OIivia Rodríguez, la directora ejecutiva.
“Esto no es normal”, dijo Rodríguez. “Suponen que si llaman a una entidad gubernamental todo está conectado, que serán reportadas a la agencia de Inmigración y Aduanas y deportadas. Así que en vez de ello simplemente soportan los maltratos”.
Yanet, de 56 años de edad, quien pidió que no se usara su apellido por miedo a la deportación, dijo que ella había soportado más de una década de abuso de parte de su esposo en El Salvador, donde las víctimas de agresión tienen pocos recursos, antes de decidirse a huir a Estados Unidos hace varios años. En su mayor parte, trabajó como cocinera en cocinas de Los Ángeles y, en 2005, trató de obtener una visa destinada a mujeres que escapaban de la violencia.
Pero el abogado al que acudió trató de obligarla a practicarle sexo oral a cambio de su ayuda, dijo. A Yanet inicialmente le preocupó denunciarlo a la policía, pero presentó el reporte después de decidir que no sería victimizada de nuevo. Ahora se muestra renuente a avanzar con los cargos y con su solicitud de visa.
“Todos los días tengo miedo de que algo suceda y temo incluso salir por la puerta”, dijo. “Hacer algo que capte la atención del gobierno es peor. No sé en quién creer o qué es seguro hacer para protegerme”.
Jennifer Medina
© 2017 New York Times News Service
