TIJUANA, Baja California.- La Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, presentó una denuncia ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de quien resulte responsable, presumiblemente ex funcionarios municipales y estatales, por las omisiones para atender un juicio por incumplimiento de un convenio de compra venta de un terreno celebrado en 1995 y cuya resolución obliga al actual Ayuntamiento a pagar a Mauricio Fernández Margain la suma de 228 millones de pesos.
“Estamos presentando denuncia por esa irresponsabilidad de funcionarios públicos no solo de la persona mencionada, sino de pasadas administraciones y pasados consejeros jurídicos que no defendieron el asunto”, dijo Guzmán.
Se trata de un terreno ubicado en medio del libramiento Salvador Rosas Magallón, que el gobierno del estado desincorporó de su dominio y donó al Ayuntamiento de Tijuana, por el cual se realizó un convenio de compraventa con el particular por el que se entregó un anticipo de 1 millón de pesos.
Luego de incumplir con el acuerdo signado con la administración estatal, entonces presidida por José Guadalupe Osuna Millán, en el que el gobierno municipal de Jorge Ramos devolvería el dinero es que da pie al juicio que inicia hasta 2009, en el que tanto la administración de Ramos y Jorge Astiazarán no presentaron los recursos correspondientes para responder a la demanda, resultando en una condena de pago de 207 millones 441 mil 844 pesos con 38 centavos, cantidad a la que se suman costas y gastos por 20 millones de pesos más.
“Pasan los años y el particular demanda el incumplimiento de este contrato de compra venta y para no hacer largas, en la demanda llaman como tercero al Ayuntamiento de Tijuana y concretamente al entonces sindico Héctor Magaña que conviene con el particular y el propio gobierno del estado que va a asumir la calidad de deudor sustito, entonces que él va a pagar al particular ese millón que se le debía más el pago de interesé y costos. Al final de cuentas eso tampoco se paga por parte del Ayuntamiento de Tijuana, el caso es que llega un momento en que el particular demanda el incumplimiento de ese pago, reclamando una serie de prestaciones resultando que esa suma ya no era de un millón sino era una suma estratosférica”, afirmó Ana Marcela Guzmán.
Desde que se recibió la sentencia de pago, una semana después de iniciada administración de Juan Manuel Gastélum, el Ayuntamiento llevó a cabo diversas acciones para la defensa del proceso que se perdieron pues ya era “cosa juzgada”.
“Al Ayuntamiento no le queda más que cumplir, por lo que a la par vamos a hacer los medios para buscar se sancionen esas omisiones y buscar recursos o medios de impugnación resarcitorios para reponer este daño patrimonial al Ayuntamiento… en ese sentido el mismo juez de distrito en su resolución estableció la posibilidad de desincorporar bienes e inmuebles para poder cumplir con su sentencia”, indicó Martínez Delgado.
Será responsabilidad del Ministerio Público determinar la responsabilidad de este detrimento al erario público derivado de las omisiones de ex funcionarios de Ayuntamiento de Tijuana.
Con información de Fabiola Solano.
