CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la crisis política y financiera que vive Veracruz, con una larga lista de asesinados y desaparecidos y una deuda de más de 45 mil millones pesos, el principal responsable, Javier Duarte, se encuentra prófugo de la justicia, mientras sus colaboradores deben enfrentar denuncias penales.
Este viernes la Contraloría General del estado presentó cuatro querellas contra tres exfuncionarios y un servidor público en activo, por un presunto desvío de recursos públicos de aproximadamente 600 millones de pesos.
Se trata del extitular de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y actual diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá Saad, inhabilitado por 10 años para desempeñar un cargo en el servicio público; el exsubsecretario de Finanzas, Carlos Aguirre Morales, y la exsubdirectora de Administración Financiera de la Tesorería de la Sefiplan, Carolina Estrada Acosta.
El cuarto denunciado es Alejandro Morales Reyes, encargado de la Dirección General de Aeronáutica, acusado del presunto delito de incumplimiento del deber legal, debido a que se negó a entregar información solicitada por la Contraloría interna.
Un quinto perseguido por presunto desvío de recursos públicos, Vicente Benítez González, extesorero y exsubsecretario de Desarrollo Social de Veracruz, interpuso una demanda de amparo contra una posible orden de presentación o detención girada en su contra por la Procuraduría General de la República (PGR), a sólo 48 horas de rendir protesta como diputado local por el partido Nueva Alianza.
La Contraloría veracruzana presentó las cuatro denuncias penales ante la Fiscalía General del estado, porque los tres excolaboradores y el servidor público en activo no comprobaron el correcto uso de recursos públicos y por entorpecer las investigaciones.
En el caso del legislador federal Antonio Tarek Abdalá, se le acusa del probable delito de abuso de autoridad al no comprobar –entre otros recursos– el correcto uso de 315 millones 627 mil pesos, y a Aguirre Morales por un presunto desvío de 16 millones 981 mil pesos, misma cantidad por la que es señalado Estrada Acosta.
A Alejandro Morales Reyes, la Contraloría General del estado le atribuye el incumplimiento de la presentación de información solicitada a la Dirección General de Aeronáutica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por separado, el juez admitió a trámite la demanda de amparo presentada este jueves –radicada en el Juzgado Quinto de Distrito de Veracruz bajo el expediente 1103/2016– por el extesorero de Duarte, Vicente Benítez, pero hasta ahora no ha concedido alguna suspensión.
En octubre, el exfuncionario ya había tramitado una primera demanda de amparo por los mismos hechos, pero el juez negó conceder una suspensión definitiva.
En mayo pasado, Animal Político dio a conocer que Benítez fue subsecretario de Desarrollo Social y estaba a cargo de los programas de combate a la pobreza a través de los cuales se entregaron múltiples contratos a empresas fantasma.
Algunos de esos contratos eran para repartir productos en supuestas tiendas comunitarias que anunció el exfuncionario, pero que en los hechos nunca existieron.
Vicente Benítez se había desempeñado previamente como tesorero de Veracruz, pero renunció al cargo luego del escándalo por el hallazgo de una maleta con 25 millones de pesos en el aeropuerto de Toluca en enero de 2012. El dinero lo llevaban funcionarios de Finanzas del estado.
En julio pasado se reveló otro reportaje en el que se evidenciaba que Benítez tenía una red de propiedades a su nombre y el de su esposa en Costa Rica. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, lo denunció por fungir como presunto prestanombres de Javier Duarte en Estados Unidos y enriquecerse ilícitamente.
