Denuncian “aviadores” del PVEM y MC en Congreso de Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Diputados de Morena y el PRD en el Congreso del estado denunciaron la existencia de presuntos aviadores del PVEM y de MC y propusieron la realización de una auditoría integral por la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo que se hizo en más de ocho años, rebasó los 800 millones de pesos y aún presenta detalles y deficiencias.

Este jueves, el representante parlamentario de Morena en la Legislatura local, David Alejandro Landeros, tomó la palabra al final de la sesión del pleno de este jueves para retomar su denuncia sobre los supuestos aviadores que cobran sin trabajar “o casi no asisten”.

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El diputado morenista ya había mencionado el tema en un debate ríspido con diputados del PAN y del PRI cuando criticó el aumento presupuestal que se autorizó el propio Congreso. Hoy no fue la excepción.

Landeros subió a tribuna y señaló que no había querido dar nombres “para no causar polémica”. Después, citó la definición de aviador como la persona que tiene un empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo.

“A eso me refería; alguien puede venir todos los días pero no hacer nada, ese también es aviador”, aclaró.

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Enseguida, mencionó a Luis Alfredo Navarro Ríos como adscrito al grupo parlamentario del PVEM “a quien un empleado de dicho grupo ha dicho no conocer”.

David Alejandro Landeros citó también a Claudia Estela González Aceves y Ricardo Paz Gómez, adscritos a la representación de MC. De la primera, dijo que “raras veces viene al Palacio Legislativo” porque según afirmó, en realidad es una empleada de la oficina de enlace, cuando tendría que laborar en la sede del Congreso. Del segundo refirió que solo se ha presentado en dos ocasiones en las oficinas del Congreso.

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En este caso el diputado de Morena dijo tener un testimonio de personal de la oficina de MC, así como grabaciones propias “que comprobarán que nunca vienen”.

La acusación no pudo ser refutada por el representante de Movimiento Ciudadano porque no asistió a la sesión.

Quien sí se levantó fue la coordinadora del grupo parlamentario del PVEM, Beatriz Manrique Guevara. Allí mismo presentó a Luis Alfredo Navarro Ríos y calificó de penoso y vergonzoso que el diputado hiciera tales acusaciones.

El priista Jorge de la Cruz y los panistas Libia García y el coordinador de la bancada Éctor Jaime Ramírez Barba también rechazaron los señalamientos de Landeros. Insistieron en que éste tendría que denunciar ante las instancias correspondientes si tiene pruebas de la existencia de los aviadores. Afirmaron que el diputado de Morena “es manipulado por sus asesores”.

“(A Landeros) le reconozco su bonhomía de hombre de bien. Pero esta persona que usted menciona tiene familia y usted lo está acusando directamente, ¿cómo, quién le da ese derecho? Si usted piensa que el fuero le da para acusar a personas con nombre y apellido, me parece una pena y una vergüenza”, reclamó el coordinador de la mayoría panista.

 

Nueva sede, en la mira

Sobre la construcción de la nueva sede del Congreso, estrenada por los diputados de la actual Legislatura después de más de ocho años de edificación, el diputado del PRD, Gerardo Silva Campos, presentó una propuesta para efectuar una auditoría integral a la misma.

El propósito, dijo, es aclarar dudas sobre la adjudicación de contratos y asignaciones hechas en las cuatro legislaturas que abarcó la obra y su equipamiento, con una inversión total que ya rebasa los 800 millones de pesos “y serán más porque no se ha terminado y tiene muchos detalles”.

Silva Campos mencionó goteras, grietas, fisuras y algunos detalles inacabados como ejemplos de que la auditoría es necesaria.

El perredista recordó que en las revisiones a cuentas públicas del Congreso correspondientes al periodo en que se construyó la nueva sede “se detectaron problemas de los que se derivan denuncias judiciales en contra de contratistas”.

Aunque la Contraloría interna del Congreso revisó el proceso de entrega-recepción y presuntamente no encontró elementos que acrediten responsabilidades por las obras del nuevo edificio –ejecutadas mediante 176 contratos y diversos convenios— el legislador aseguró que “que es necesario transparentar y comprobar que todo se hizo atendiendo las normas y legislación en la materia, pero también para comprobar que no hubo despilfarro de recursos públicos y hechos de corrupción”.

Aseguró que las revisiones que ya hizo la Auditoría Superior del Estado no son suficientes para transparentar el uso de los más de 800 millones destinados a la obra.

Como otro ejemplo de irregularidades, mencionó que existen dos contratos vigentes por casi un millón de pesos cada uno con una empresa que no está registrada en el padrón de contratistas del estado. La contratación fue para plantar cuatro mil árboles como medida de mitigación del impacto ambiental por la construcción. Sin embargo, a la fecha no se ha plantado ninguno.

Estos contratos vencen el próximo 26 de diciembre, “por lo que  es el momento para que se audite bajo los principios, normas y técnicas de auditoría para transparentar el uso de recursos públicos y ser ejemplo de un Congreso abierto al escrutinio público”, planteó Silva Campos.

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