Denuncian falta de transparencia en elaboración de Ley y Reglamento de Cultura federal  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Secretaría de Cultura (SC) federal, el colectivo de trabajadores del INAH e INBA rechazó la elaboración del Reglamento de la dependencia y la subsecuente Ley de Cultura debido a la “falta de transparencia y desapego a normatividad”.

Se trata del Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura –antes adherido a la SEP y ahora a la SC–, que desde el año pasado se manifestó en contra de la creación de la dependencia.

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El organismo está conformado por docentes, investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Centro Nacional de las Artes (CNA) y la Dirección General de Operación y Servicios Educativos Bibliotecas Zona Norte y Sur, en coordinación con la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, Investigación y Cultura.

En un comunicado, sus integrantes propusieron cinco puntos:

1) Que el Reglamento de la Secretaría de Cultura se someta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), ya que puede afectar, de forma irreversible, el ejercicio pleno del derecho a la educación y los derechos culturales del pueblo mexicano.

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2) Que se reconozca al INAH y el INBA como pilares de los procesos educativos del Estado mexicano y que no se afecten sus leyes y ordenamientos sustantivos: Ley Federal, Ley Orgánica y Ley de Bienes Nacionales.

3) El respeto a las Condiciones Generales de Trabajo que han prevalecido por casi 50 años en ambos institutos, sobre todo en áreas de investigación, docencia, conservación y restauración.

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4) El respeto a la “Libertad de Cátedra y de Investigación”, que forman parte del sistema nacional de escalafón que regula la actividad académica en todo el sector educativo (UNAM, Politécnico, Universidades estatales, etc).

5) El respeto a la autonomía técnica del INAH e INBA, que su cuerpo directivo sea de profesionales y no burócratas que respondan a otros intereses (transnacionales, turísticos o mercantiles).

El colectivo explicó que las peticiones anteriores se derivan de la carta dirigida al “Pueblo de México”, firmada por 52 integrantes de la agrupación, y como responsable el arquitecto José Manuel Figueroa Matus.

En ella, detalló, se lee que la decisión presidencial para la creación de la SC “ha dejado sólo interrogantes en la elaboración del reglamento para dicha institución”, –el cual Rafael Tovar y de Teresa anunció que se daría a conocer antes del Cuarto Informe de Gobierno–, así como discusiones “a modo” respecto a la Ley de Cultura.

Sobre este último tema, el texto refiere que las “Audiencias Públicas para la creación de una Ley de Cultura” se llevaron a distintos puntos del país entre junio y agosto, “obsequiando el acceso a las mesas de análisis solo a grupos pequeños, cuyos intereses están más dirigidos a lucrar con las expresiones culturales y con el patrimonio cultural de los mexicanos”.

A juicio de los firmantes, el decreto de creación de la SC sólo lleva “de forma natural” a un paradigma donde las zonas arqueológicas, edificios históricos y de arquitectura ejemplar, se están convirtiendo en “ornamentos” para presentaciones culturales montadas solo para público con capacidad económica donde empresarios, funcionarios y artistas de “elite” obtendrían ganancias.

Y como ejemplo, mencionaron la presentación –en octubre próximo– de la cantante Filippa Giordano en la V edición del Festival Internacional de la Cultura Maya de Yucatán, en el Cuadrángulo de las Monjas de la Zona Arqueológica de Uxmal.

Según los denunciantes, las comunidades mayas y maya-yucatecas son quienes tienen menos acceso a ese evento.

“En su nombre, y en el de sus tradiciones milenarias, se montan en espectáculos que solo engordan las cuentas bancarias de un puñado de empresarios y funcionarios demagógicos y corruptos”, criticaron.

Y añadieron: “El laberinto sin salida en que los gobiernos neoliberales convirtieron la educación y el ejercicio de los derechos culturales, no podrán solventarlo con una Secretaría de Cultura, puesto que los contenidos educativos y culturales de la población se encuentran de forma lamentable en niveles por debajo de lo mínimo deseado”.