Más de 2 mil 7000 policías municipales de Tijuana son obligados a firmar, casi al término de la administración del gobierno de Jorge Astiazarán, la póliza de un seguro que nunca contrataron pero por el cual ya se les aplica un descuento de 750 pesos mensuales, que arroja un total de 3 millones 750 mil pesos cada 30 días.
El sitio web tijuanasincensura advierte que se trata de un “gran fraude millonario por parte de la administración de Jorge Astiazarán, ahora resulta que su fraude que realiza en la Secretaría de Seguridad Pública lo quiere legalizar para no tener problemas al término de su administración.
“Resulta que el señor inventó un impuesto al inicio de su administración para hacerles un descuento a cada elemento de la policía municipal grabado como “IE” ante el descontento de los elementos se acercaron a Oficialía Mayor, donde el área jurídica argumentò que es un impuesto al trabajo, no conformes los elementos con el argumento que les dieron se empezaron a realizar las demandas ante el tribunal contencioso administrativo por tal descuento.
Fue entonces que en ese momento cambiaron la versión que se trataba de un descuento por que los elementos habían contratado un seguro de riesgos, fue ahí cuando todos los elementos se quedaron sorprendidos, ya que los oficiales aseguran que nunca se les había dado esa información.
Mucho menos existía un contrato que incluyera a las familias de las elementos en caso de muerte como reclamaba dicho seguro a donde se destinaba ese dinero ya que se trataba de un descuento aproximado de $750 m/n multiplicado por 2500 elementos activos estamos hablando de $3,750,000 que cada mes se lleva nuestro ilustre presidente municipal sin que una autoridad haga nada.
Como el municipio se inundó de demandas por la razón de ese descuento, el señor ahora se le ocurrió la maravillosa idea de legalizar el fraude, girando un escrito a todos los elementos donde los obliga a que firmen para que les realicen el descuento, señalando que es voluntario cuando es todo lo contrario y cuando nuestra Constitución lo prohíbe.
El art.123 frac VIII y la ley federal de trabajo en su art, 110 manifiesta que los descuentos vía nómina serán solo por un mandato judicial o por el conocimiento del trabajador.
Lo más indignarte es que cuando los elementos ganan las demandas los que pagamos esos costos somos los ciudadanos, por que las paga el municipio con los impuestos de nosotros los ciudadanos”.
