WASHINGTON (apro).– El Departamento de Justicia, por medio de su Inspector General, denunció ante el Congreso federal estadunidense las constantes irregularidades a las que recurre la DEA en el manejo de “informantes” y “fuentes confidenciales”, que integran su estrategia de combate al narcotráfico.
En una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Senadores presidida por el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, el Departamento de Justicia acuso a la DEA de incumplir con las reglas internas para evitar poner en riesgo información sensible y confidencial de casos judiciales.
“El Programa de Fuentes Confidenciales (PFC) de la Administración Federal Antidrogas (DEA), carece de una supervisión y consistencia suficiente, que cumpla con las reglas y componentes del Departamento de Justicia para la aplicación de la ley”, sentenció ante el Comité, Michael E. Horowitz, Inspector General del Departamento de Justicia.
Las quejas del funcionamiento de la DEA por parte del Departamento de Justicia, integran una serie de investigaciones que Horowitz ha llevado a cabo dentro de la dependencia federal encargada de combatir el trasiego de drogas nacional e internacional.
En las distintas auditorías realizadas por la oficina del Inspector General, se reportó al Capitolio que para ocultar las irregularidades, los jefes de la DEA esconden información o retrasan la entrega de expedientes relacionada con denuncias y procesos de indisciplina a decenas de agentes federales en los últimos 12 años.
“Por ejemplo”, matizó Horowitz ante el Comité Judicial, “encontramos que las políticas endebles que utiliza la DEA han dado como resultado el que ‘individuos de alto riesgo’, como líderes de organizaciones del tráfico de drogas, abogados, médicos y periodistas, se conviertan en ‘fuentes confidenciales’ sin contar con el nivel de revisión requerida por el Departamento de Justicia para este tipo de fuentes de información”, subrayó Horowitz.
Lo denunciado por el Inspector General se puede aplicar a casos de narcotraficantes mexicanos de alta peligrosidad extraditados a Estados Unidos en años recientes, y que de manera expedita en lugar de ser sentenciados y castigados por sus delitos se convierten en testigos protegidos de la DEA.
Entre estos se puede destacar a Jesús Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, o Héctor Luis Palma Salazar “El Güero”, recientemente regresado a México después de que la DEA le exprimiera la información que le pidió a cambio de aminorar la sentencia por narcotráfico a la que fue sometido.
“Las regulaciones de la DEA no están encartadas con las del Departamento de Justicia sobre los requerimientos para revisar, aprobar y revocar la autorización para que una fuente confidencial realice actividades ilícitas que involucran riesgos significativos y necesitan de una supervisión proporcional”, explicó Horowitz.
La mayoría de los informantes o fuentes confidenciales de la DEA, son utilizadas para elaborar encauzamientos judiciales en contra de capos importantes del narcotráfico internacional y sus lugartenientes. También para detener, procesar y sentenciar a distribuidores y vendedores de drogas al menudeo en los Estados Unidos.
El Inspector General anotó que bajo las reglas del Departamento de Justicia, las dependencias federales bajo la jurisdicción de la Oficina del Procurador de Justicia, no deben utilizar por más de seis años a sus fuentes confidenciales o informantes, condición que de manera constante viola la dependencia antinarcóticos.
“La DEA tampoco se adhiere a las políticas de llevar a cabo revisiones a tiempo y apropiadas sobre el uso continuo y por largo plazo, de sus fuentes confidenciales que han estado activas por más de seis años”, reiteró Horowitz.
Ante los senadores del Comité Judicial en el Capitolio, el Inspector General advirtió que el incumplimiento de la DEA respecto al manejo y supervisión de sus fuentes confidenciales, pone en riesgo y compromete a la recolección de información altamente sensible.
Horowitz acusó también a la DEA de compensar a sus fuentes confidenciales e informantes, así como a los familiares de éstos, con beneficios federales que no les corresponden por ley.
“Calculamos que tan solo en un año, del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, la DEA le pago a 17 fuentes confidenciales y sus dependientes, más de un millón de dólares en beneficios”, destacó el Inspector General.
El auditor del Departamento de Justicia reconoció que gracias a las recientes investigaciones a las que sometió a la DEA y a la entrega al Congreso federal de las conclusiones de estas, la dependencia federal ahora se muestra más complaciente con sus pedidos.
