ZACATECAS, Zac., (apro).- En menos de un mes, un segundo desalojo de habitantes de localidades rurales por conflictos de tierras con empresas mineras tuvo lugar en la entidad, ahora por parte de la canadiense Panamerican Silver en el poblado de La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, al oeste del territorio zacatecano.
El primero ocurrió en Salaverna, en el municipio de Mazapil, a fines de diciembre, luego de que la minera Frisco Tayahua, del magnate Carlos Slim, alegó ser propietaria de la zona.
Tres semanas después, el viernes 13, personal armado de la empresa minera Panamerican Silver desalojó con lujo de violencia a 47 familias que permanecían en esa comunidad, con el argumento de que la minera cuenta con un título de propiedad de esos predios, lo que aseguran es falso pues se trata de terrenos nacionales sobre los que han luchado legalmente por el reconocimiento del ejido.
Las viviendas que ocupaban fueron demolidas y posteriormente se les obligó a instalarse en otra zona a la que han llamado también La Colorada en casas con techos de lámina, bajo un comodato.
En rueda de prensa celebrada en la propia localidad en Chalchihuites, en la que estuvieron presentes diputados locales y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado, habitantes de La Colorada y extrabajadores de la Panamerican Silver, señalaron que durante un par de años han sufrido persecución, acoso y amenazas por parte de directivos de dicha compañía, lo que finalmente ha culminado en el desalojo del 13 de enero.
Los representantes legales de las familias detallaron que el 16 de diciembre en una reunión con el gobernador Alejandro Tello y el alcalde de Chalchihuites, Manuel Rosales, se pidió su intervención para establecer una mesa de diálogo con todos los involucrados en este conflicto, “y buscar que no se fueran a violar principalmente los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos”.
Según Moisés Guerrero, representante de las familias, el gobierno del estado ofreció intervenir, “pero no vimos respuesta. Lo que vimos el 23 de diciembre fue el despojo de los habitantes de Salaverna, allá en Mazapil, y eso nos hizo entender que no se iba a atender tampoco el problema de los habitantes de La Colorada”.
Por ello, se reiteró el llamado al gobernador Tello a atender “este tipo de atropellos, sobre todo de los extranjeros que están representados en estas mineras, con el chantaje de que generan empleos para los zacatecanos”.
Se mencionó que durante un recorrido efectuado por el lugar, personal de seguridad de la Panamerican Silver estuvo siguiendo a la comitiva.
De acuerdo con lo señalado por extrabajadores, a partir de 2014 Panamerican modificó su relación con los habitantes de la comunidad y comenzó a despedir a empleados que eran originarios de La Colorada, tras 19 años de haber iniciado sus operaciones extractivas de oro, plata y cobre.
A medida de que éstos salieron de la localidad con sus familias para buscar sustento, la empresa demolió viviendas y se apropió de los terrenos, según expusieron.
Por ello, un grupo de familias promovió un juicio de reconocimiento de derechos agrarios en mayo pasado ante el Tribunal de la materia, a fin de ser reconocidos como posesionarios.
Este juicio sigue abierto, y en el proceso se presentaron antecedentes de la ocupación por decenas de años de estas familias, así como de un juicio previo que promovieron en 1982 para el mismo propósito: que se reconozcan sus derechos sobre estas tierras.
“No somos sicarios ni guerrilleros”
“No queremos persecución, hostigamiento; lo que queremos es empleo”, dijeron los extrabajadores.
Por ello se insistió en la mesa de negociación con el gobierno, los diputados, representantes o directivos de las empresas mineras y habitantes de las poblaciones, como Salaverna y La Colorada.
“Nos quitaron todo, hasta el trabajo”, dijo uno de los habitantes.
También refirió que La Colorada contaba con unas 200 familias y tenía escuela, canchas deportivas y otros servicios. “Y agua, sale mucha agua. Yo creo que por eso está allí (la minera). Pero las familias comenzaron a salirse de allí cuando comenzaron a quedarse sin trabajo”.
“No somos sicarios, ni guerrilleros. Hacemos responsable a la empresa de cualquier cosa que nos pase. Aquí nacimos y aquí vamos a morir”, señalaron.
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Santiago Domínguez Luna, y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos atendieron a los representantes de las familias en una reunión y escucharon sus reclamos.
“Igual hacemos responsable al gobernador porque también se esconde, también los solapa –exigió uno de los vecinos de La Colorada–. Son unos mercenarios”.
Incluso, mencionaron que la iglesia que se encontraba en La Colorada fue desmantelada y saqueada.
Ricardo Bermeo, quien acaba de incorporarse al consejo consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo advertir claramente la violación de garantías de los habitantes de La Colorada en este caso.
El 23 de diciembre, organizaciones sociales y pobladores de Salaverna, en el municipio de Mazapil, denunciaron un desalojo de quienes se mantenían ocupando viviendas en ese poblado, del que acusaron al gobierno del estado para favorecer a otra minera, la empresa Frisco-Tayahua, de Carlos Slim.
El delegado municipal Roberto de la Rosa dijo que hay incredulidad sobre la presunta detección de una falla geológica en la zona, y acusó al gobernador Alejandro Tello de favorecer a la minera de Slim para ampliar las operaciones de la misma, mientras habitantes de tres comunidades mantienen un litigio para que les sea reconocida la propiedad de más de 4 mil hectáreas.
En respuesta, a través de Grupo Carso se dio a conocer una postura oficial en la que se afirmó que el terreno de Salaverna “es propiedad de Minera Tayahua, por lo que su ocupación era ilegal”.
La minera citó “diversos estudios” que demostrarían que en el poblado hay fallas naturales que ponían en riesgo a los habitantes, y ofreció “ayudar a las familias que ilegalmente se mantenían en Salaverna para mudarse al fraccionamiento Nuevo Salaverna”, en el que según la minera se les haría entrega de vivienda con título de propiedad y contarían con servicios como una clínica del IMSS, una biblioteca digital Telmex y escuelas.
Unas 16 familias que todavía tienen vivienda en Salaverna se han resistido a abandonar la localidad.
