TIJUANA – Empresas de la zona están siendo objeto de actos de terrorismo fiscal por parte de la federación, al permitir que la verificación de domicilio fiscal quede sujeta a la actuación discrecional y subjetiva de los empleados de gobierno comisionados a esas tareas, afirmó el abogado Raúl Melgar Díaz, presidente del Colegio de Estudios del Derecho de Baja California.
En el afán fiscalizador, y entendiendo que la única preocupación de la federación es recaudar, los verificadores estatales que apoyan las tareas de fiscalización del gobierno federal, no tienen el cuidado de hacer un trabajo a conciencia y se guían por criterios que dejan en estado de indefensión a los contribuyentes, a quienes se les sanciona paralizando su capacidad de facturar.
