SONORA.- Cinco años después de un derrame tóxico masivo en dos ríos en Sonora por una mina de cobre del Grupo México, los residentes de las comunidades afectadas acusan a la compañía de no cumplir sus promesas de remediar el daño ambiental y construir plantas de purificación de agua.
Más de 40,000 metros cúbicos de sustancias tóxicas, particularmente solución de ácido sulfato de cobre, se derramaron en los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014, en la mina de cobre Buenavista en Cananea.
El incidente, descrito por las autoridades ambientales como el peor desastre minero de México, contaminó el suministro de agua local y afectó a unas 22,000 personas en siete municipios.
Cientos de personas han sufrido graves problemas de salud relacionados con derrames.
En las comunidades afectadas, hay un número elevado de casos de cáncer e hipertensión junto con un aumento de los informes de problemas hepáticos, renales, de páncreas y del sistema nervioso.
Grupo México, la corporación minera más grande del país, estableció un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para llevar a cabo proyectos para remediar el daño y pagar una indemnización a las víctimas, pero se cerró en febrero de 2017 con solo 1,2 mil millones de pesos gastados.
Las comunidades afectadas ahora han iniciado acciones legales en la Corte Suprema para reabrir el fideicomiso hasta que se hayan completado todos los proyectos prometidos.
Los residentes dicen que muchas de las plantas de purificación de agua prometidas no se han construido y que Grupo México solo completó proyectos de remediación ambiental en uno de los cinco tramos del río donde se comprometió a hacerlo.
También dicen que una clínica establecida para tratar a personas que sufren de intoxicación por metales pesados cerrará hoy como resultado de un acuerdo que Grupo México alcanzó con la administración pasada.
Luis Miguel Cano, un representante legal de las víctimas, dijo que el pacto viola la ley porque los residentes de las comunidades afectadas no fueron consultados.
Los residentes dicen que si su acción legal para reabrir el fideicomiso es exitosa, Grupo México no solo tendrá que gastar los 800 millones de pesos adicionales que prometió, sino que también proporcionará detalles sobre cómo se usaron los 1,200 millones de pesos.
Irene Moiza, residente de la ciudad de Bacanuchi, dijo que los últimos cinco años han estado llenos de incertidumbre y ansiedad porque no sabe si el suministro de agua local y los cultivos que cultiva están contaminados.
Ella dijo que sus animales murieron sin ninguna explicación y acusó a Grupo México de no tomar responsabilidad del derrame.
Con información de Mexico News
