El tema de las desapariciones en México ya quedó en el radar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que a través del Comité de las Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas (FED) hizo llegar un documento al gobierno de Claudia Sheinbaum “para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
En pocas palabras, este comité de la ONU -publicado en su sitio web oficial-, consideró que las desapariciones forzadas en nuestro país han alcanzado nivel de lesa humanidad.
«El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, de acuerdo al comunicado oficial en el sitio web del Centro de Prensa de la ONU.
Este lunes la jefa del Ejecutivo fijó su postura al respecto, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la rechazó, pero esto no borra que a nivel internacional, el tema de las desapariciones en territorio nacional es noticia caliente.
Y justamente en Baja California, este problema cobra vigencia ya que las desapariciones han sido el resultado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, pero que en algunos casos han contado con la complicidad de elementos de corporaciones policiacas que trabajan bajo sus órdenes, tal como ha ocurrido en casos como los registrados en Ensenada y Mexicali.
Así lo ha reconocido la fiscal María Elena Andrade, quien con esta admisión da un paso adelante en este fenómeno que lacera a nuestra entidad, pues un problema no puede ser resuelto si no lo reconocemos.
Este tema es abordado en nuestra edición del mes de abril de revista Panorama, en el cual profundizamos sobre un fenómeno que suma ya más de 25 mil personas desaparecidas en Baja California en las últimas tres décadas, y que en 2024 dejó 3 mil 150 casos lo que nos colocó en el tercer lugar en materia de desapariciones forzadas, tras Tamaulipas y Nuevo León.
Claro que entidades como Michoacán, el Estado de México y otros se disputan estos deshonrosos sitiales, pero lo importante es que en nuestro país, las desapariciones ya pasaron de ser un instrumento de represión del Estado, a un modus operandi del crimen organizado en complicidad con corporaciones policiacas.
En otras palabras, cualquier persona puede ser víctima de una desaparición forzada: infantes, adolescentes, estudiantes, profesionistas meseros, jornaleros, albañiles, todos ellos por diversas razones y por estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado, pero sin duda, con un mismo común denominador: ser víctimas de delincuentes que cuentan con el apoyo de un sector del Estado, que debería cuidar por el bienestar de sus ciudadanos.
