HERMOSILLO, Son. (apro).- El exgobernador Guillermo Padrés y su familia recuperaron el rancho y cada uno de los bienes asegurados durante el cateo ejecutado el jueves 5 de mayo y la madrugada del viernes 6.
En un recorrido realizado el pasado martes se observó que los engomados con la leyenda “clausurado” fueron retirados y la vida al interior de la propiedad volvió a la normalidad.
Javier Dagnino, primo político del exmandatario estatal y actual diputado local panista del sexto distrito, de Cananea, señaló que el rancho y el resto de los bienes incautados fueron regresados a la familia debido a que la recién creada Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) carece de facultades legales para practicar diligencias o emprender acciones legales.
“Esta fiscalía no tiene legitimidad ni legalidad para estar actuando contra el exgobernador y otros exfuncionarios estatales, ya sean panistas o priistas”, acusó el también secretario de la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
Y puntualizó: “Esta fiscalía nació de un reglamento y solo tendrá validez hasta que el Congreso de la Unión apruebe la Ley Anticorrupción; mientras tanto, las instancias judiciales en materia de amparo deberán resolver los juicios interpuestos por el exgobernador”.
Al mediodía del 5 de mayo anterior inició el cateo en el rancho del exgobernador Guillermo Padrés, localizado en la comunidad de San Pedro “El Saucito” en la zona rural oriente de esta capital, acción en la que participaron agentes federales, estatales y municipales.
Alrededor de las 14:20 horas de ese día, oficiales de los tres órdenes de gobierno salieron de la propiedad de Padrés con incontables maletas y cajas con material asegurado, además de que el rancho ubicado a 13 kilómetros al noreste de Hermosillo, dentro de la zona campestre “Los Milagros”, también fue incautado.
Hace poco más de un año, el 18 de mayo de 2015, la dirigencia estatal del PRI evidenció que en este predio, cateado por la fiscalía, Padrés poseía 465 caballos pura sangre y cuarto de milla, con un valor de 7 millones de dólares.
En aquella rueda de prensa, el entonces dirigente priista Alfonso Elías Serrano denunció que el exjefe del Ejecutivo estatal también era dueño –en sociedad con familiares y funcionarios estatales— de tres clubes hípicos con un valor superior a los 150 millones de pesos.
“Esto es indignante, porque mientras están usando el recurso de los sonorenses para darse sus gustos, tenemos que en los hospitales faltan medicamentos y atención médica; niños sin mesa bancos, carreteras destrozadas, y que la gente de las comunidades esté olvidada por el gobierno del nuevo Sonora”, lamentó en aquella ocasión.
De acuerdo con la información priista, los clubes El Internacional, Mezquital Kino y San Juan de Italia cuentan con alberca de entrenamiento de caballos, estadio techado, caballerizas con aire acondicionado, lujosos quirófanos y zonas de alumbramiento.
Elías Serrano indicó hace casi un año que los copropietarios de los centros hípicos son los cuñados del exgobernador, Roberto y José Dagnino; el exsecretario de Salud, Bernardo Campillo; el exsecretario de Gobierno y prófugo de la justicia, Roberto Romero, y el extitular de la Secretaría de Agricultura estatal, Héctor Ortiz Ciscomani, entre otros.
Justificación legal
El vocero de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Salvador Ávila, confirmó que los bienes del exgobernador Padrés y familia únicamente fueron asegurados por un periodo de cuatro días en tanto los peritos asignados al cateo valuaron la materia asegurada.
“Esa diligencia consistió en realizar un avalúo porque se necesitaba saber si ‘cuadra’ lo que se declaró con lo que se puede cobrar (sic); el perito hizo lo que tenía que hacer y se regresa el bien porque ya no era necesario tenerlo”, justificó.
Respecto de la legitimidad con la que ejecuta sus acciones la FAS, el portavoz argumentó que esta dependencia está fundamentada en lo consagrado en el artículo 21 de la Carta Magna y en los artículos 95 y 96 de la Constitución sonorense.
El artículo 21 de la Constitución mexicana precisa: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías (…) Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad”.
La Constitución de Sonora en el artículo 95 define: “La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Estatal Investigadora”.
Y el artículo 96, en su apartado V, ordena: “Defender a la Hacienda Pública del Estado en juicio, siempre que el Ejecutivo no provea a la procuración conforme a la ley”.
No obstante los argumentos legales expuestos, Javier Dagnino, primo político del exgobernador Padrés, consideró que la Fiscalía “abusa del poder y se extralimita en las acciones que realiza”.
A la vez denunció que “este gobierno (de la priista Claudia Pavlovich) mantiene presos de manera injusta a un veterinario (Luis Arístides López Moreno, detenido por transportar en una hielera 3.5 millones de pesos) a quien le sembraron paquetes de droga y billetes; y a Jorge Morales, a quien se le reclasifica el posible delito de cohecho (no grave) por el de extorsión para privarlo de obtener la libertad bajo fianza”.
