CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- Un juez federal dictó auto de formal prisión al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, como presunto responsable de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de ocho millones de dólares.
Su abogado, el exprocurador General de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, informó que el exgobernador no recibió ningún beneficio por parte del juez Décimo Segundo de Distrito de Procedimientos Penales en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.
Al vencerse el plazo constitucional para definir la condición jurídica de Padrés, quien gobernó en Sonora entre 2009 y 2015 bajo las siglas del PAN, Lozano Gracia acudió al reclusorio para conocer la resolución del juez.
Inconforme con la resolución, Lozano acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de haber cometido violaciones al proceso contra su cliente al dejar fuera pruebas que la defensa presentó ante el ministerio público.
La PGR responsabiliza a Padrés de haber transferido a México, desde cuentas en el extranjero, 8.8 millones de dólares de origen desconocido y sin reportarlos a la Secretaría de Hacienda. Según la acusación, Padrés dispersó el dinero en empresas controladas por sus familiares.
Para este miércoles se espera también que se defina la situación jurídica de su hijo, Guillermo Padres Dagnino, colaborador de Lozano Gracia, y quien está detenido en el Estado de México, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un total de 178 millones de pesos.
La causa penal en su contra está radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito de Proceso Penales Federales en Toluca, Estado de México.
Lozano Gracia dijo que Padrés Dagnino está acusado indebidamente porque sólo recibió una mensualidad de parte del exgobernador cuando estudiaba en la Ciudad de México.
El exgobernador, quien se presentó ante el juzgado voluntariamente el jueves 10 después de anunciarlo en la cadena Radio Fórmula, asegura que las acusaciones en su contra son una persecución política del gobierno federal.
Entre los 28 amparos que promovió antes de entregarse, logró uno para que el proceso penal en su contra se siga en la Ciudad de México.
