CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Los diputados de la LXI legislatura local solicitaron un amparo ante la justicia federal para negarse a cumplir una resolución emitida por el Instituto de Transparencia estatal (Itaigro), que ordenó revelar el monto total del salario neto y bruto de los legisladores que junto a otro tipo de prestaciones y bonos suman más de 200 mil pesos mensuales.
El apoderado legal externo del Poder Legislativo, Ciro Rubio Alvarado, aseguró en su alegato presentado a principios de este mes ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta capital, que esta decisión “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los diputados locales.
Además, el abogado del Congreso local calificó de “inconstitucional e ilegal” el acuerdo del Itaigro, indican documentos oficiales en poder de Apro.
De esta forma, los integrantes de la LXI legislatura local que encabeza la diputada priista, Flor Añorve Ocampo, pretenden evadir su responsabilidad e incumplir con las disposiciones de Ley 207 de Transparencia en Guerrero que ellos mismos aprobaron el año pasado donde se indica que los datos sobre sueldos y percepciones de servidores públicos en la entidad se considera información pública de oficio.
El hecho es el primer antecedente jurídico registrado en la entidad sobre la resistencia de la clase política para erradicar vicios que fomentan la corrupción y el manejo discrecional de recursos públicos, y también exhibe el nivel de opacidad que existe en Guerrero.
Documentos oficiales obtenidos por Apro vía transparencia, indican que el primero de julio de 2016, un ciudadano solicitó información al Congreso local, sobre la remuneración bruta y neta de todos los diputados locales y su personal de confianza, incluyendo todas las prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos y sistemas de compensación.
El 27 de junio, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el órgano garante (Itaigro), porque no recibió la información que solicitó vía transparencia.
Después de seis meses, el 20 de diciembre, el pleno del Instituto de Transparencia en la entidad el Itaigro emitió la resolución 88/2016 que ordenó a la presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, entregar la información completa sobre sueldos y prestaciones de los diputados locales de lo contrario se aplicarían multas y sanciones administrativas.
La sanción contemplada en la resolución que fue notificada al Congreso el 25 de enero de este año, es la mínima de 11 mil pesos, debido a que la máxima asciende a 100 mil pesos contra los sujetos obligados que se niegan a entregar información pública de oficio, indican los documentos consultados.
En respuesta, la coordinadora de la fracción priista, Flor Añorve, decidió contratar un abogado externo, a pesar de que existe un área jurídica en el Congreso local, para rechazar el cumplimiento de su obligación legal.
El jueves 2 de febrero, Ciro Rubio Alvarado, quien se asumió como apoderado legal de la LXI Legislatura local, promovió un juicio de amparo ante la justicia federal argumentando que la resolución del Itaigro es inconstitucional e ilegal.
El litigante particular afirma que el hecho de hacer pública la información sobre el salario y percepciones mensuales de los diputados locales “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los legisladores en Guerrero.
Además, señaló que la resolución del Itaigro carece de legalidad y transgrede principios constitucionales a pesar de que los propios diputados aprobaron la Ley 207 de Transparencia en la entidad.
Al día siguiente, viernes 3 de febrero, el juez Décimo de Distrito, Jacinto Figueroa Salmorán concedió “la suspensión provisional” solicitada por el apoderado del Congreso local para beneficiar a los diputados de la LXI legislatura que pretenden evadir el cumplimiento de la ley.
De esta forma, comenzó el juicio de amparo 110/2017 promovido por el Congreso contra una resolución del Itaigro para determinar si el cumplimiento de ley de Transparencia exenta al poder Legislativo en la entidad.
