CANCUN, Q. Roo (apro).- Como parte de los acuerdos del gobernador Roberto Borge y la titular de la PGR, Arely Gómez González, este día el Congreso local dio marcha atrás a una parte del llamado “paquete de impunidad”, al revocar la creación del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la elección de sus tres magistrados.
En tanto, litigantes de Cancún y Playa del Carmen presentaron 14 amparos contra todo el “paquete de impunidad”, el cual también incluye, entre otros, los nombramientos de políticos afines a Borge Angulo al frente de la nueva Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) y la aprobación de un crédito de mil 30 millones de pesos al ayuntamiento de Solidaridad.
También solicitaron esta mañana a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presente una acción de inconstitucionalidad contra todas las reformas y nombramientos del “paquete de impunidad”.
En tanto, la Barra de Abogados de la Riviera Maya entregó hoy al Senado la petición de desaparición de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo.
Esta mañana, el Congreso del estado sesionó luego de que la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad contra el llamado “paquete de impunidad”, aunque en realidad sólo fue contra la creación del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por contravenir al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Por mayoría, los diputados aprobaron derogar diversas disposiciones de la Constitución local y la Ley Orgánica del TJA.
De igual forma se dejaron sin efecto las designaciones de Minerva Maribel Moreno Cruz, César Cervera Paniagua y Jorge Herrera como magistrados del TJA, así como la designación del contralor interno de la FGE.
Pero al mismo tiempo, el Congreso adquirió nuevamente la facultad de designar y remover al fiscal general de una lista de candidatos que será integrada por la Legislatura y siguiendo el procedimiento que establece la Constitución y la ley correspondientes.
Aval a cuentas públicas
También en la sesión de hoy se aprobaron por mayoría los dictámenes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, de los Servicios Educativos de Quintana Roo, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, de la Universidad del Caribe, así como de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.
De igual forma se aprobaron los informes de resultados de las cuentas públicas 2015 de la Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel SA, del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez, y de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales SA de CV.
La diputada panista Trinidad García Argüelles indicó que la modificación que deja sin efecto al Tribunal Administrativo y el nombramiento de los magistrados resulta ser intrascendente, ya que es necesario echar atrás todas las reformas que fueron aprobadas en el tercer periodo extraordinario.
“Contratar deuda pública, así como nombramientos y la creación de espacios laborales al vapor, en deterioro de la vida democrática, creó el rechazo de muchos, constatado en distintas expresiones sociales, políticas y gubernamentales”, acusó.
Por su parte, el gobernador electo Carlos Joaquín afirmó que “no es suficiente” la revocación del TJA, pues sólo es parte del blindaje de Borge, por lo que exhortó a la PGR a ampliar la acción de inconstitucionalidad en contra de todo el “paquete de impunidad”.
