CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Ahora que nos han llenado de comerciales sobre la importancia de las buenas noticias, me quedé pensando qué buena noticia podrían tener las mexicanas.
Por más que busqué, no encontré las buenas noticias, por el contrario, las malas noticias, aquellas que afectan a las mujeres, crecen y crecen. Y son tan graves que es éticamente imposible dejar de mencionarlas.
En un pincelazo hecho por varias organizaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Encuentro “Cumplir para Avanzar México ante el 9° informe periódico de la CEDAW 2016” – realizado del 24 al 26 de agosto por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos–, las malas noticias fueron muchas y cuentan mucho en la vida, integridad y desarrollo de las mexicanas, sus familias y el país.
Estamos frente a un problema de seguridad nacional. En 21 entidades federativas se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de la violencia contra las mujeres y la impunidad que impera sobre el feminicidio. Es decir, 66% del territorio nacional está llamando a salvar la vida de sus ciudadanas y se encuentra con oídos sordos, con actitudes políticamente correctas de los funcionarios que buscan cuidar las espaldas a su gobernador.
A este panorama de violencia contra las mujeres se suma la violencia política, recrudecida por la omisión e inacción del Estado en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
El embarazo temprano sigue en aumento, y niñas de entre 10 y 12 años están siendo madres con todas las consecuencias negativas que esto trae. Podemos creer que detrás de cada niña embarazada hay violencia, sí.
En Chiapas, por ejemplo, 12% de las niñas menores de 12 años presenta embarazos y se casan, informó la abogada chiapaneca Martha Figueroa durante el Encuentro “Cumplir para Avanzar”, en donde no solamente se habló del incremento de la violencia contra las mujeres, sino de la saña con la que se les asesina, como en Guerrero, donde están siendo lapidadas y en algunos casos presentan signos de canibalismo, explicó la guerrerense Marina Reyna Aguilar.
No, no hay buenas noticias que contar en cuanto al cumplimiento del Estado para la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres, situación que se ha visto agravada en estos cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ejemplo, el informe que tenía que presentar el Estado Mexicano ante la CEDAW para este año se ha pospuesto para 2018.
La persecución contra las mujeres por aborto se incrementó de 2008 a 2016. De acuerdo con investigaciones realizadas por la doctora Lourdes Enríquez, en ocho años las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco –que es como se está juzgando a las mujeres que abortan intencionalmente o no– pasó de 80 casos en 2008 a 600 en el primer semestre de 2016.
De estas 600 mujeres en reclusión, 60% fueron juzgadas por aborto, y de ellas, 40% bajo la premisa de homicidio en relación al parentesco, es decir, se está equiparando un producto en gestación con una persona viva, lo que implica una aberración jurídica, explicó Enríquez.
A la ausencia de buenas noticias ahora se avizoran otras más, como la inexistencia de las mujeres en las cinco prioridades anunciadas por el Ejecutivo federal para los próximos dos años.
Otra mala noticia es que el borrador que actualmente se discute en el Senado sobre la Ley General de Víctimas, elimina a las víctimas de violencia sexual. De concretarse, dejará en desprotección a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales, negándoles la atención integral, la reparación del daño y violando el principio pro persona que ordena nuestra Constitución.
No es que no queramos dar buenas noticias, pero cuando se tiene enfrente un panorama tan doloroso e indignante, las buenas noticias son las que hacen falta.
