CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Los hallazgos de las decenas de cementerios clandestinos en varios
municipios de Veracruz enturbian cada día más al gobierno del priista Javier Duarte, quien entregará el poder el próximo 1 de diciembre al panista Miguel Ángel Yunes Linares.
En las últimas semanas, los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, que aglutina a madres de desaparecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, descubrieron 81 fosas tanto en Xalapa como en el puerto jarocho.
En la capital veracruzana detectaron una fosa con huesos de cinco personas y no tres, como presumían al principio, así como lápidas con nombres alterados, cuerpos enterrados sin la autopsia correspondiente, así como otras “irregularidades”, entre ellas la desaparición de los restos de la joven Gemma Mavil Hernández, quien fue levantada en 2011.
En el fraccionamiento Colinas Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, los rastreadores del Colectivo Solecito de Veracruz localizaron un narcocementerio inacabado en el traspatio del recinto portuario.
Hoy, ese colectivo es un referente imprescindible, lo que incomoda al gobierno duartista, incapaz de atender el clamor social sobre las desapariciones forzadas y el manejo de los cuerpos No Identificados (NI) en territorio veracruzano.
La Policía Científica y la Fiscalía General del Estado apenas han logrado “procesar” (limpiar, retirar tierra y basura, acomodar huesos y determinar de cuántas personas se trata) 11 de las 81 fosas “por la falta de recursos humanos y económicos”. La organización halló indicios concretos de 32 cuerpos en un radio de dos hectáreas y aún les faltan 14 por explorar.
El jueves 8, tras dos años de cerrazón sistemática en torno a las fosas clandestinas y las irregularidades en las exhumaciones de los NI, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras, envió un documento al Poder Legislativo estatal en el que solicita un espacio para hablar ante la Comisión de Procuración de Justicia sobre el narcocementerio y las irregularidades en los panteones xalapeños.
Días después, el funcionario concedió una entrevista colectiva en la que admitió que hubo “movilizaciones ilegales” de cuerpos en las fosas comunes del panteón municipal de Palo Verde que “pudieron” haber sido solapadas o causadas por elementos de la Policía Ministerial y el Servicio Médico Forense.
“Eso te habla de una movilización de cuerpos sin autorización y eso es lo que estamos investigando, sin soslayar que la prioridad es encontrar a Mavil Hernández, secuestrada en mayo de 2011 y cuyo cadáver fue hallado tiempo después y enviado a la fosa común en la capital del estado.”
Apoyado por colectivos de familiares de personas desaparecidas, el padre de la joven, Pedro Manuel Mavil Martínez, oriundo de Xico, encabezó diligencias para recuperar los restos de Gemma, pues fueron “extraviados” –según la versión del fiscal– por autoridades del cementerio. Fue gracias a ese caso que la organización Familias Enlaces Xalapa descubrió decenas de irregularidades.
Manejo delincuencial
Lucía de los Ángeles Díaz Genao, activista de Solecito de Veracruz y madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, DJ Patas, levantado por un comando el 28 de julio de 2013, revira a Bravo Contreras: no se trata de movimientos irregulares, sino de un “manejo delincuencial”.
Y agrega: “Sólo cuando ven que ya no pueden ocultar más (las irregularidades), hacen declaraciones tibias. Si el fiscal pudiera seguir ocultando el cementerio más grande de Veracruz, lo haría. No nos cabe duda”.
Carlos Saldaña Grajales, de Familias Enlaces Xalapa, en el cual participan familiares de personas desaparecidas en la capital del estado y municipios aledaños, enumera las “negligencias” del gobierno duartista con los cuerpos NI:
“La fiscalía admite la existencia de fosas comunes en el panteón Palo Verde con 192 cuerpos no identificados. Lo grave es que ni siquiera los han ubicado. En la última reunión, donde estuvieron autoridades estatales, municipales y el director de panteones, las autoridades se echaron la bolita. Ahí, el fiscal Bravo nos dijo que procedería penalmente contra quien resulte responsable por el desorden que existe.”
