El presidente filipino, Rodrigo Duterte, calificó este lunes a la policía que lucha contra el narcotráfico como “corrupta hasta los huesos”, pero prorrogó su sangrienta campaña contra las drogas hasta 2022.
Duterte anunció que planeaba “limpiar” la policía, implicada desde hace varias semanas en sórdidos casos de extorsión, entre los que figura el secuestro de un empresario surcoreano por agentes antidroga, asesinado en la misma sede de la policía nacional.
“Ustedes, los policías, son los más corruptos. Son corruptos hasta los huesos. Está en su sangre”, dijo a los periodistas, dirigiéndose a los policías acusados del secuestro y del asesinato del empresario.
El presidente estimó en un 40% la proporción de policías que llevan a cabo actividades ilegales, siete meses después de que encargara a esta fuerza la sangrienta campaña para erradicar el tráfico de drogas en Filipinas.
Duterte fue elegido al frente del país en primavera, prometiendo terminar en seis meses con el tráfico de drogas, con una campaña en la que ya murieron miles de personas.
Desde su investidura a finales de junio los policías mataron a más de 2.500 “sospechosos”.
Unas 4.000 personas murieron además en circunstancias inexplicadas. Los cuerpos son hallados en las calles junto a un pedazo de cartón en el que se acusa a la víctima de ser un toxicómano o un traficante.
Duterte ya había prorrogado la campaña hasta marzo. Este lunes anunció que no la detendría.
“Hagan su comercio ilegal si quieren”
“La voy a prorrogar hasta el último día de mi mandato”, dijo a los periodistas. En Filipinas, un mandato presidencial dura seis años sin posibilidad de reelección.
Tras las declaraciones, el jefe de la policía, Ronald Dela Rosa, anunció que las actividades de todas las unidades de la policía antidroga serían suspendidas hasta que termine la “limpieza” anunciada por el presidente, cuyo alcance se ignora.
La política de Duterte es duramente criticada a nivel internacional y por organizaciones de defensa de los derechos humanos.
No obstante, Duterte no cambió el rumbo y permanece inmutable ante las afirmaciones sobre el asesinato de civiles desarmados por parte de la policía, así como ante los que acusan a las fuerzas de seguridad de rellenar los bolsillos de los cadáveres con bolsas de droga o armas de fuego.
Numerosas voces se inquietan porque los policías gocen de impunidad total en el marco de esta campaña contra las drogas.
El presidente siempre prometió respaldar a los policías que participan en esta “guerra”, y suele repetir que no deben inquietarse sobre las consecuencias judiciales derivadas de matar a narcotraficantes.
A principios de enero, en ocasión del cumpleaños de Dela Rosa, Duterte afirmó incluso que aceptaba que los policías participasen en actividades ilegales para llegar a fin de mes, siempre que no estén relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
“Hagan su comercio ilegal si quieren, pero sin drogas”, dijo, lamentando que los policías no reciban un buen sueldo.
“No digo que haya que hacer cosas ilegales, digo que, mientras que el Gobierno no les pague más, si alguien les propone ayuda, acéptenla”, resolvió.
La indulgencia del Gobierno con la policía provoca indignación entre los movimientos de defensa de los derechos humanos.
“¿Cómo una fuerza de policía fascista y corrupta, en donde la impunidad es ley, podría terminar con el tráfico de drogas?”, se preguntó este lunes en un comunicado el secretario general de la coalición de izquierda Bayan, Renato Reyes.
“El balance [de muertos] seguirá aumentando. Cada vez más criminales uniformados seguirán sembrando el caos en nuestra calles”, agregó.
