CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un comando ejecutó a dos hombres, entre ellos al secretario particular del exdirector de Transportes en la entidad durante la administración pasada, Juan Larequi Radilla, señalado públicamente por sus presunto nexos con la delincuencia.
El hecho violento se registró esta mañana al norte de esta capital donde un grupo armado irrumpió en un inmueble ubicado sobre el Kilómetro 269 del bulevar Vicente Guerrero a un costado del cuartel de formación de la Policía Preventiva Estatal (PPE), y la aeropista habilitada como base de la Policía Federal (PF), que se encuentra resguardada por el Ejército.
Reportes oficiales indican que cerca de las 11:00 horas, los sujetos armados que se desplazaban en dos autos ingresaron a la vivienda donde se encontraban al menos cinco personas.
Enseguida, ejecutaron a dos hombres, uno más alcanzó a escapar, dos mujeres que dejaron vivas fueron testigos del crimen y los sicarios se retiraron impunemente.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Raúl Conrado Arteaga Tapia y Raúl Arteaga Román, este último se desempeñó vs del crimen. ejecutaron a dos hombres, uno mcomo secretario particular del exdirector general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el estado, Juan Larequi Radilla durante la administración del defenestrado Ángel Aguirre Rivero.
Larequi Radilla es un personaje de negro historial, protegido por líderes del partido Movimiento Ciudadano y plegado a los gobernadores en turno que lo han beneficiado con concesiones de transporte público.
Desde julio de 2013, Proceso ha documentado los señalamientos públicos contra Larequi Radilla por sus presuntos nexos con la delincuencia y responsabilidad en la expansión de los narcotaxis en la entidad.
En ese entonces, transportistas de diferentes regiones de la entidad acusaron al exdirector de Transportes del gobierno de Aguirre de haber otorgado de manera “indiscriminada” “permisos temporales” a personas “ajenas al sector transportista”.
Tan solo en la capital de la entidad, el exalcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos admitió que al menos estaban circulando más de 200 unidades de transporte público al servicio del narcotráfico, todos avalados por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Al respecto, Larequi Radilla declaró ante diputados locales de la LX que la presencia de ‘narcotaxis’ en Chilpancingo y otras regiones de la entidad era un asunto “de Estado”, porque se trataba de una cuestión de seguridad.
Incluso, advirtió que en esta capital se estaba viviendo una situación de excepción, ya que circulan unidades de transporte público ligadas al crimen organizado y evadió su responsabilidad al señalar que este asunto le correspondía atender al gobierno federal, así como al Ejército.
Larequi argumentó que las autoridades federales no intervenían a pesar de las denuncias que, aseguró, él ha planteado en reuniones del gabinete de seguridad en la entidad donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno y castrenses.
No obstante, ninguna autoridad asumió su responsabilidad en el tema del narco infiltrado en el sector transportista en la entidad donde ha sido evidente la participación de taxis en hechos delictivos en diferentes regiones de Guerrero donde los choferes son señalados por las autoridades como informantes al servicio de la delincuencia.
Ello a pesar de que este sector ha sido utilizado por las autoridades en turno como clientela electoral como el caso del actual gobernador Héctor Astudillo Flores, quien recibió el apoyo de las principales organizaciones de transportistas de la región Centro y Sierra y después los acusó directamente de estar coludidos con el narco.
