La detención de Javier Duarte y Ochoa no es un hecho aislado, sino un problema que dibuja de cuerpo entero a los gobernadores priistas y panistas como lo que en realidad se ha convertido desde tiempos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox: verdaderos señores feudales, señores de horca y cuchillo a quienes la debilidad de la figura presidencial dejó hacer y deshacer a su antojo en sus cotos de poder.
Desde luego, un presidente débil como Enrique Pena Nieto no podía sino rodearse de un dream team, un equipo de gobernadores y de funcionarios de primer nivel que arrastran órdenes de aprehensión y juicios políticos por sus malos manejos, desvío de recursos y hasta por su colusión con el crimen organizado.
Tras la debacle del Partido Revolucionario Institucional en los comicios del 2000 en que perdió la presidencia de la República los gobernadores entraron a una fase de autonomía en que ya no obedecían ciegamente las órdenes emanadas de Los Pinos -salvo que tuvieran intereses políticos en el gobierno federal. Bastaba con llegar a una gubernatura para salir forrado de por vida, las más de las veces con orden de aprehensión.
Hoy los reflectores están puestos sobre el ex gobernador de Veracruz aunque como él hay mucho más, pero son tantos los casos de mandatarios que han saqueado a sus entidades y que las han hundido en la violencia y la inseguridad, porque no solo es el desaseo en el manejo de los dineros públicos sino el disparo en los niveles de inseguridad, ya que buena parte de sus dineros mal habidos no solo proceden del robo al erario sino de sus pactos con el crimen organizado.
Ejemplos sobran:
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, prófugo de la justicia por el uso ilegal de bienes públicos.
Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, quien lleva 10 años preso por lavado de dinero en cárceles de México y de Estados Unidos.
César Duarte, ex gobernador de Chihuabhua y prófugo por el peculado de 246 millones de pesos.
Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, detenido y procesado por el desvío de 2 mil 600 millones de pesos.
Javier Padrés, el tristemente célebre ex mandatario panista de Sonora, a quien le esperan hasta 94 años de prisión por lavado de dinero y fraude.
Fausto Vallejo, ex gobernador de Michoacán a quien se señala de desvío de 2 mil 300 millones de pesos, y quien tuvo que renunciar a su cargo.
Gabino Cué, el ex mandatario de Oaxaca acusado de saquear 20 mil millones de pesos de uno de los estados más pobres de toda la República.
Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas, acusado ante la PGR por el supuesto uso de 24 empresas fantasma por la que se triangularon recursos públicos por el orden de los 307 millones de pesos.
Roberto Sandoval, actual gobernador de Nayarit que a lo largo de su gestión protegió a su fiscal Edgar Veytia, detenido en San Diego, California, por encabezar una red de narcotráfico.
Angel Aguirre, ex gobernador de Guerrero y quien renunció al cargo tras la desaparición de los 43 normalistas.
Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador panista de Aguascalientes sentenciado a 6 años de prisión por peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Carlos Lozano, otro ex gobernador de Aguascalientes, sobre quien pesan señalamientos por malos manejos de 812 millones de pesos.
Rubén Moreira, investigado en Estados Unidos por la posible colusión con los Zetas, una de las bandas criminales más sanguinarias de todo México.
Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, acusado de peculado por 3 mil millones de pesos, y quien se libró de pisar el penal de Topo Chico gracias a un amparo,
Juan Sabines, de Chiapas, investigado por la DEA y señalado de lavado de dinero de la compra de 13 departamentos en Miami, de 4 millones de dólares cada uno.
Tomás Yarrington, de Tamaulipas, detenido en Italia hace poco, a petición de Estados Unidos, y no del gobierno mexicano, acusado de sostener vínculos con el tráfico de estupefacientes y de delincuencia organizada.
Y finalmente, Javier Duarte quien de acuerdo a la fiscal general de Guatemala, no había sido detenido simple y sencillamente porque la PGR mexicana no había solicitado una orden de aprehensión, quizás hasta que se acercaran cada vez más las elecciones del Estado de México para colgarse la medalla de la aprehensión como si fuera un triunfo del gobierno de Enrique Peña.
Tampoco olvidemos que Duarte, como sus colegas, no trabajaba solo. Contaba con una red de cómplices que van desde su tesorero y ex secretarios de Educación, Desarrollo Social, Finanzas, Protección Civil y muchos más que desviaron recursos a empresas fantasma.
Hoy los Javier Duarte, Ulises Ruiz, José Murat y toda la caterva de maleantes que se dicen gobernadores, demuestran la falta de controles verdaderos del gobierno federal sobre el manejo de los recursos, y lo poco que les importa la transparencia en el manejo presupuestal, porque saben que forman parte de un sistema donde pueden librar la cárcel si mueven bien sus fichas.
Por todo esto, es un hecho que Duarte no es el único y que no está solo sino que está protegido desde la cúpula misma del gobierno de Enrique Peña nieto. Es un sistema que está corroído desde sus raíces, y que nos presenta a sus árboles caídos para hacer leña de ellos.
l Dream team
