CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Jesús Sergio Alcántara Núñez, por “omisiones sistemáticas” y “prácticas administrativas irregulares” en perjuicio de 14 personas de sectores vulnerables.
El organismo nacional detectó violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica contra los 13 afectados y al derecho de petición, en relación con la obligación de garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica, contra una mujer.
En julio pasado la CNDH determinó la acumulación de 10 expedientes debido a que registraban coincidencias en los hechos denunciados, los derechos humanos vulnerados y la identidad de la autoridad responsable, en particular 15 servidores públicos.
Los primeros nueve casos, que involucran a 13 afectados, están relacionados con la regularización de inmuebles que las víctimas solicitaron a la CORETT. Al respecto la CNDH detectó retardo injustificado en las regularizaciones solicitadas, incumplimiento de acuerdos pactados con los quejosos para la resolución de sus problemas, inobservancia de las obligaciones de debida diligencia en materia administrativa y errores reiterados durante los trámites de escrituración.
También detectó la contravención de las obligaciones mínimas de la autoridad, que alegó razones presupuestales por el convenio de facilidades administrativas con el entonces Gobierno del Distrito Federal que no se ha celebrado y “la inobservancia del deber reforzado de debida diligencia administrativa frente a personas que pertenecen a grupos vulnerables”.
Una de las víctimas, detalló la CNDH, sufre discapacidad, otras dos son personas indígenas y cinco personas adultas mayores.
El décimo expediente es el de una mujer a quien la CORETT le negó el pago del seguro de vida de su esposo, pese a que éste trabajó en ese organismo.
La CNDH concluyó que las omisiones y prácticas administrativas irregulares detectadas generan responsabilidad individual e institucional y pese a ello –denunció– no se inició procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control de la CORETT.
Por ello, la CNDH recomendó que “en un plazo razonable”, se regularicen y escrituren los inmuebles involucrados; se realicen todas las medidas legales, administrativas, financieras o de cualquier índole para eliminar los obstáculos que impidan la regularización y escrituración de los inmuebles.
Y en el caso de la mujer viuda pidió que la CORET devuelva a la agraviada el monto que erogó por la escrituración de un inmueble. Además señaló que se deberán tomar medidas administrativas para cumplir con la obligación contraída con la víctima.
Asimismo, la CNDH pidió la colaboración de la CORET en la queja administrativa que se presente ante su Órgano Interno de Control contra los 15 servidores públicos involucrados. También solicitó que se diseñe e imparta en esa institución un curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos y ética profesional; establecer calendarios de seguimiento de la regularización de los inmuebles solicitados y que se hagan del conocimiento público de los interesados.
Finalmente, la CNDH solicitó a la CORET inscribir a las 14 personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas y emitir una circular a todos los servidores públicos de la institución donde se establezca que los servicios que se brinden deben ser con “calidad, calidez, debida diligencia y respeto a los derechos humanos de los usuarios”.
