Algunos legisladores y políticos brasileños están buscando garantizar la impunidad para los investigados y condenados por el escándalo de los presuntos sobornos de la petrolera estatal Petrobras, el caso conocido como Lava Jato, manifestó este domingo el presidente de Transparencia Internacional (TI), José Ugaz.
“Frente a la impactante labor que están realizando los fiscales especializados en el tema de lava jato y viendo los resultados que están consiguiendo (…) ha llevado a que a quienes sienten que se les está cercando el brazo de la justicia se pongan nerviosos”, dijo Ugaz.
Por ello, “están buscando opciones para garantizar su impunidad”, añadió a periodistas en Panamá durante la clausura de la 17 Conferencia Internacional Anti-corrupción, organizada por Transparencia Internacional.
Las declaraciones de Ugaz se produjeron después de que el grupo de fiscales que investiga el caso Lava Jato amenazaran con renunciar en bloque si se aprobaba una ley que permite acusar a jueces y procuradores de abuso de autoridad en casos de corrupción.
Los fiscales temen que los cambios legislativos terminen echando por tierra este caso, por el que, hasta el momento, se han pronunciado sentencias contra 118 personas, condenadas a un total de 1.256 años de cárcel, y se investiga, al menos, a medio centenar de legisladores.
De acuerdo a Ugaz los cambios legislativos buscan “garantizar impunidad a los políticos implicados en corrupción a través de una fórmula de amnistía”.
Además, si los fiscales renuncian “sería una tragedia para Brasil y para el mundo, porque no sólo se está jugando el futuro de ese país sino un modelo de ruptura de impunidad que interesa a todo el mundo”, aseveró.
Si la operación Lava Jato cayera “implicaría que la gran corrupción es más fuerte que la reserva moral de un país y eso es inaceptable desde todo punto de vista”, sostuvo Ugaz.
En la víspera Transparencia entregó su premio anticorrupción a los fiscales brasileños que investigan “uno de los mayores escándalos de corrupción del mundo”, según esta organización.
Para Ugaz este proyecto de ley es un “intento de agresión de los congresistas”, que introduce “amenazas a los fiscales”, porque si no logran resultados existosos en sus investigaciones “serán responsables del delito de abuso de autoridad, lo cual es un despróposito en cualquier sistema que se reclame civilizado”.
