CIUDAD DE MEXICO (proceso).- El priista Javier Duarte se separó del gobierno de Veracruz dejando al estado inmerso en una crisis política cuyos efectos muy probablemente se reflejarán en las elecciones de 2017 y en las presidenciales de 2018, además de que podrían generar una crisis de gobernabilidad.
El vacío de poder que vive la entidad caldea los ánimos en los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Faltan seis semanas para que el panista Miguel Ángel Yunes Linares tome las riendas, y en el seno de ambas organizaciones sus militantes piden las cabezas de uno y otro político.
La sorpresiva solicitud de licencia de Duarte, hecha el lunes 10, afectó a Yunes Linares, quien dijo tener datos sobre la corrupción de su predecesor, aunque ofreció revelarla en diciembre, cuando tome posesión como gobernador. También se quejó de que los priistas pretenden impedir que asuma el cargo, programado para el 1 de ese mes.
Y fue más allá. Un par de semanas antes de la solicitud de licencia de Duarte hizo llegar a Enrique Peña Nieto un informe que alcanza a la empresa Evercore, de Pedro Aspe Armella, según informes internos de Los Pinos obtenidos por Proceso.
La decisión de la salida de Duarte también impactó la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que de manera inesperada decidió suspender la discusión sobre la ratificación o anulación de la elección del pasado 5 de junio, en la cual Yunes Linares se impuso a su rival priista.
Duarte anunció su solicitud de licencia en una emisión de Televisa en la Ciudad de México, en la que también emplazó a debatir a Yunes Linares, quien días después desestimó la propuesta en ese mismo espacio y aprovechó para anunciar que revelará información que “cimbrará al país”.
El panista tampoco aceptó sentarse a dialogar con el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien pidió una investigación contra el gobernador electo por presunto enriquecimiento ilícito.
Horas después del arrebato de Duarte, Yunes insistió: “El régimen quiso y quiere impedir que tome posesión como gobernador”. De inmediato en los pasillos de San Lázaro corrió la versión de que ya se negociaba la llegada de Yunes Linares a Veracruz a cambio de aprobar, con modificaciones mínimas, el paquete económico enviado por el presidente Peña Nieto al Congreso.
Jesús Zambrano, vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en San Lázaro, comentó: “Hay quienes han alertado o advertido que ante la crítica de liderazgos del PAN al paquete económico 2017, se pretenda utilizar como suerte de moneda de cambio. Yo no tengo elementos para decirlo”.
Y agregó: “El quid pro quo (una cosa por otra) pudiera ser en términos de que se le abra formalmente un proceso a Duarte (y se le consigne, porque hasta el momento sólo se le abrió una averiguación previa pero no se le ha llevado ante un juez) y, al mismo tiempo, para equilibrar la balanza, al exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés”.
Zambrano no descartó la anulación de la elección por parte del TEPJF: “No dejo de pensar en que la tentación de que ante presiones internas, amenazas de ve tú a saber de qué tamaño, o qué compromisos habrían adquirido antes, digan (en el gobierno): vamos a la nulidad de la elección. Eso sería, creo, el grado extremo… Yo creo que pueden estar en la tentación de incurrir en esa decisión”.
El miércoles 12, día de la solicitud de licencia de Duarte y de la advertencia de Yunes de que revelará información “que cimbrará al país”, el TEPJF tenía programado discutir en torno al proceso electoral que llevó a la gubernatura de Veracruz al candidato de la alianza PAN-PRD.
Sin embargo, el tribunal sólo resolvió la impugnación del PRI sobre el triunfo de un diputado local del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en un distrito Cosoleacaque, y lo ratificó.
Del triunfo de Yunes, impugnado en forma separada por el PRI y Morena, la diputada federal veracruzana Rocío Nahle, coordinadora de la fracción de Morena en San Lázaro, declaró que en el tribunal no les dieron fecha para discutirlo, pero tampoco explicaron las razones que llevaron a cancelar la discusión.
De insensatez política a crisis nacional
Los diferendos entre Duarte y Yunes Linares se intensificaron en las últimas semanas por las acusaciones mutuas de enriquecimiento ilícito. El 5 de julio pasado el panista denunció a Duarte y, cuando éste pidió licencia y lo retó a debatir, Yunes dijo:
“Quieren impedir que tome posesión como gobernador en Veracruz”. Según Yunes, en el resumen que entregó al presidente Peña Nieto hay información que demuestra que él llegó “a la médula de la corrupción”, por lo que “no quieren que llegue a gobernador porque saben que tengo información que cimbrará a México”.
El diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien apoyó la candidatura de Yunes, habla sobre la forma en que podrían impedirle tomar posesión el próximo 1 de diciembre.
El 1 de agosto, relata, Duarte demandó por enriquecimiento ilícito a Yunes Linares ante la Fiscalía Especial del Estado. Hoy, Flavino Ríos, quien fue secretario de Gobierno de Duarte y es el gobernador interino, tiene el control de los órganos del estado, al menos hasta la medianoche del 30 de noviembre.
“Bajo la teoría de emparejar los cohetones, la fiscalía podría pedir su arraigo para investigarlo. Recordemos que Duarte ya lo denunció. Es posible que el interino diga: ‘¡Aquí hay elementos para apresarlo!’.
“Sería algo truculento y un despropósito, pero sólo así lo impediría… Sería un despropósito violentar la voluntad popular que lo eligió. Pero conociendo a mis amigos, no me chupo el dedo.”
Pero si ello ocurre, dice, se incendiaría el país. “La irritación de la oposición de los que ganamos sería mayúscula porque se estaría yendo en contra del voto popular. Ahora resulta que los derrotados quieren encarcelar a los ganadores”.
Acosta Naranjo advierte que por lo menos el PRD, que llevó a Yunes como candidato a la gubernatura en alianza con el PAN, provocaría una ola de protestas en las calles, aunque todo se haría “dentro del marco de la ley”.
