En el documento sobre el 11 de septiembre, se habla del esfuerzo saudita por obstaculizar la acción estadounidense contra Al Qaeda

Con la colaboración en la investigación de Matthew Rosenberg y Julie Hirschfeld Davis.

WASHINGTON _ El documento que se dio a conocer el viernes, clasificado como secreto desde hace mucho tiempo, en el que se detallan las posibles conexiones entre el gobierno de Arabia Saudita y el complot terrorista del 11 de septiembre, es un amplio catálogo de reuniones y coincidencias sospechosas.

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Se detallan los contactos entre funcionarios sauditas y algunos de los secuestradores del 11 de septiembre, cheques de miembros de la realeza saudita extendidos a agentes que estuvieron en contacto con los secuestradores y el descubrimiento de un número telefónico en la libreta de direcciones de un extremista de Al Qaeda que se rastreó a una corporación que administra una casa del príncipe Bandar bin Sultan, a la sazón el embajador saudita ante Washington, en Aspen, Colorado.

El documento, 28 páginas de una indagatoria congresal sobre los ataques del 11 de septiembre del 2001, es, también, una descripción poco favorecedora de los esfuerzos del reino por frustrar los intentos estadounidenses de combatir a Al Qaeda en los años previos a los ataques.

Sin embargo, también es una frustrante cápsula del tiempo, que se terminó a finales del 2002 y se mantuvo en secreto por casi 14 años debido a la preocupación de que pudiera crispar las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Investigaciones subsecuentes sobre los ataques terroristas siguieron las pistas que se describen en el documento y se encontró que muchas no tenían bases en hechos. Sin embargo, la mitología en torno al documento aumentó con cada año que permaneció clasificado.

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El gobierno de Obama envió el viernes una versión desclasificada del documento, con algunas cosas tachadas, a la dirigencia congresal. Más tarde, se dio a conocer en el sitio web del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes con lo que se marcó el final de una lucha de años de los legisladores y las familias de las víctimas del 11 de septiembre para que se hiciera pública cualquier evidencia de que Arabia Saudita pudiera haber jugado algún papel en los ataques.

De ninguna forma es una especie de piedra Rosetta con la que se descifran todos los misterios persistentes detrás de los ataques. Sin embargo, es un documento muchísimo más significativo de lo que muchos funcionarios estadounidenses y sauditas _ desde el secretario de prensa de la Casa Blanca hasta algunos congresistas estadounidenses y el ministro de relaciones exteriores saudita _ quisieron dar a entender en un aluvión de ruedas de prensa y boletines enviados por correo electrónico el viernes por la tarde.

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Y se ha hecho público en un momento particularmente problemático en la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita, la cual ya lleva décadas. En mayo, el Senado estadounidense aprobó, por unanimidad, una iniciativa de ley por la cual se facilitaría que las familias de las víctimas del 11 de septiembre demandaran al gobierno saudita por cualquier papel en los ataques. Ahora se está considerando la iniciativa en la Cámara de Representantes.

La Casa Blanca ha amenazado con vetar la legislación, pero el gobierno de Obama ha tenido su propio periodo reciente de tensiones con los dirigentes sauditas por el tratado nuclear con Irán y la agobiante guerra en Siria.

El exsenador demócrata por Florida, Bob Graham, lideró gran parte del empuje de más de una década para conseguir la desclasificación del documento, que fue uno de los copresidentes de la indagatoria congresal. En una declaración publicada el viernes, comparó la publicación con la “remoción del corcho en el pico de la botella”, que debería llevar a que se desclasifique todavía más información.

En su informe final en el 2002, el panel al que Graham ayudó a coordinar no trató de llegar a conclusiones definitivas sobre lo que se denomina el “tema saudita” en las 28 páginas. El informe final de la Comisión, dado a conocer en el 2004, dice que el panel no había encontrado ninguna evidencia de que “el Gobierno saudita, como institución, ni ningún alto funcionario en lo individual hubieranfondeado” a Al Qaeda.

Josh Earnest, el secretario de prensa de la Casa Blanca, citó esa evaluación palabra por palabra el viernes, y agregó que las diversas pistas que siguieron los investigadores en cuanto al papel de los altos funcionarios sauditas en el complot “realmente no produjeron nada”.

Adel al Yubir, el ministro saudita de relaciones exteriores, reprodujo ese sentimiento horas después, en una rueda de prensa en la embajada saudita cuando dijo que, en cuanto a todos los alegatos en el documento, “se abordaron en las subsecuentes investigaciones y se encontró que no tenían méritos”.

“La sorpresa en las 28 páginas es que no hay sorpresa”, dijo.

Sb, algunos integrantes de la Comisión del 11 de septiembre señalaron que en el texto de su informe final no se excluye la posibilidad de que funcionarios sauditas de poca jerarquía y de base habían asistido a los secuestrados y dijeron que la Comisión operó bajo extrema presión por el tiempo y no pudo agotar todas las pistas.

En particular, algunos investigadores siguen desconcertados por el papel exacto que jugó Fahad al Thumairi, un funcionario consular saudita, que estaba en el área de Los Angeles, cuando sucedieron los ataques. Creen que si el gobierno saudita hubiese jugado algún papel en el complot, es probable que él hubiese estado involucrado.

Thumairi era el imán en una mezquita a la que asistieron dos de los secuestradores del 11 de septiembre y algunos funcionarios gubernamentales estadounidenses han sospechado de tiempo atrás que Thumairi ayudó a los dos hombres _ Nawaq Alhamzi y Jalid al Midhar _ después de que llegaron a Los Angeles a principios del 2000.

Un documento de la FBI del 2012, mencionado el año pasado en un panel independiente de revisión, concluye que Thumairi “asignó de inmediato a una persona para que se hiciera cargo de Alhamzi y Midhar durante el tiempo que estuvieran en la zona de Los Angeles”, pero la FBI no ha podido reunir otros detalles del movimiento de los dos hombres en los primeros días que estuvieron en Estados Unidos.

Dos investigadores de la Comisión del 11 de septiembre entrevistaron a Thumairi durante varias horas en Riad, la capital saudita, en febrero del 2004, pero él negó haber tenido cualquier vínculo con los secuestradores, aun cuando se le presentaron los registros telefónicos que parecían vincularlo con ambos hombres.

En las 28 páginas, se habla del papel que se dice jugó Thumairi, así como sobre diversas conexiones entre agentes de Al Qaeda y funcionarios sauditas. En una sección del informe, se detalla cómo un número telefónico en una libreta de direcciones que se le encontró a Abu Zubaidá, a quien capturó la CIA en Pakistán, en marzo del 2002, se rastreó hasta una corporación en Aspen que administra los asuntos de la residencia de Bandar en Colorado.

El gobierno saudita emitió el viernes una larga refutación a las 28 páginas en la que dice que “una de las ironías más peculiares” es que un país que ha hecho tanto por combatir al terrorismo “sea objeto de sospechas interminables”. En lo general, funcionarios estadounidenses están de acuerdo en que, desde el 11 de septiembre, Arabia Saudita ha sido agresiva en sus esfuerzos por extirpar a las redes terroristas dentro del reino y a reprimir a las personas particulares en el país que históricamente han financiado a organizaciones extremistas.

Sin embargo, el documento que se dio a conocer el viernes es implacable en sus críticas a los esfuerzos sauditas por debilitar los intentos estadounidenses por desmantelar a Al Qaeda en los años anteriores a los ataques del 11 de septiembre. Más aún, se describe que la FBI, en general, estaba a oscuras en cuanto a las maniobras de funcionarios sauditas dentro de Estados Unidos en ese periodo.

El documento termina con un fragmento de una declaración de octubre del 2002, cuando un senador le preguntó a Robert Mueller III, el director de la FBI, durante una sesión a puerta cerrada, si el trabajo de la indagatoria congresal había descubierto información de la que él no tenía conocimiento.

“Sí”, respondió.

Mark Mazzetti
© 2016 New York Times News Service