De verdad creemos que Víctor Sevilla de Altisa, se detendrá las manos para que sus choferes no cobren los 20 pesos que ya aplica la Ruta 13
Moverse en Baja California ya resulta más que ofensivo, pareciera ser un delito de lesa humanidad.
Por principio, las tarifas de transporte público aumentaron y pese a que el argumento del gobierno del estado es que aquellos usuarios que utilicen las tarjetas de prepago seguirán pagando la tarifa de 15 pesos, es un hecho que los 20 pesos cobrables en efectivo se harán extensivos a otras rutas y a otras empresas transportistas.
¿De verdad creemos que Víctor Sevilla de Altisa, se detendrá las manos para que sus choferes no cobren los 20 pesos que ya aplica la Ruta 13 que recorre del boulevard Díaz Ordaz hasta el Agua Caliente para llegar al centro?
Además, los usuarios se quejan que las unidades circulan llenas en las horas pico, que muchos pasajeros se quedan en los paraderos a la espera de poder abordar un autobús negro, y que las unidades son demasiado altas para que un adulto mayor, un niño o una persona con andadera o muletas pueda ascender al autobús.
Otro factor en contra es el tiempo del recorrido, pues mientras las unidades del transporte masivo tardan hasta hora y media en completar su ruta, los taxis recorren en menor lapso el mismo circuito.
Para el automovilista particular el panorama no es mejor. Este 2025 deberá renovar láminas con el consiguiente desembolso, el mismo modus operandi de los gobiernos panistas que hoy llegaron a gobernar Baja California por la puerta trasera.
Es por ello que en Mexicali preparan marchas y manifestaciones en protesta por este reemplacamiento que resulta innecesario para la población.
La eliminación de las licencias permanentes, instauradas durante el gobierno de Jaime Bonilla y eliminadas por la administración de Marina del Pilar -un tipo de licencia instaurada en la ciudad de México por la jefa de gobierno Clara Brugada, y que fue aplaudida por los capitalinos-, el incremento en los derechos de renovación de tarjeta de circulación y muchos otros etcéteras, hacen que el pasajero de transporte o el automovilista particular, se conviertan en los enemigos públicos número uno en Baja California.
