En medio del escándalo por violación que agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) perpetraron en contra de una mujer, y de la reciente muerte de dos ex oficiales de esa corporación de dudosa reputación, como cualquier prostituta, otros integrantes de la mismísima PEP fueron acusados de extorsionar a un automovilista, cuyo auto destrozaron antes de amenazarlo con cargarlo de droga si no pagaba la suma exigida.
El modus operandi es el mismo: cargar a un detenido con droga y presionarlo para extorsionarlo. Aquí los culpable, insisto, no son solo los uniformados, sino dos sujetos que responden a la siguiente filiación:
Uno viste de traje, casi siempre sin corbata, pelo negro peinado hacia atrás, aproximadamente 44 años de edad, complexión regular, sin barba ni bigote, de aproximadamente 1.70 de estatura. El sujeto de marras responde al nombre de Daniel de la Rosa Anaya y es un sujeto peligroso. Si lo ve pida auxilio inmediatamente.
El otro es un sujeto de 61 años de edad, nacido en Obregón, de una estatura de poco más de 1.75, complexión regular, cabello y bigote castaños, ojos azules, dentadura postiza y requiere de lentes bifocales para leer la letra chica de sus contratos.
Como sus jefes andan atareados en sus negocios, los policías trabajan de la siguiente manera:
La víctima, de nombre Martin Alberto López Valdez, relató al Ministerio Publico del orden común, que el pasado martes 23 por la tarde, transitaba sobre la avenida Camino Palenque, del Mariano Matamoros, a bordo de su auto modelo Dodge Stratus 2001, cuando patrulleros de la Policía Municipal le marcaron el alto y le pidieron sus documentos personales.
A los agentes de la municipal se agregaron minutos después otras dos unidades policiacas. Una era de la Policía municipal y otra de la Policía Estatal Preventiva, esta última, marcada con el número 1593.
Fueron agentes estatales quienes ordenaron a municipales esposar a López Valdez, y enseguida uno de ellos se le acercó y apretó aún más las esposas, a lo que siguió la revisión interior de su auto.
Un hombre vestido de civil que viajaba con ellos, fue quien se introdujo al auto y comenzó a destrozar los interiores con el supuesto propósito de encontrar cosas ilegales. Arrancó los cables del estéreo, destruyó la tapicería del techo y hasta los juguetes de su hijo.
Minutos después comenzaron a tratarlo como si fuese responsable de transportar cosas ilegales y le preguntaron que cómo pensaba hacerle para resolver “el problema”, y terminaron pidiéndole cinco mil pesos a cambio de dejarlo en libertad.
Le instruyeron que llevara el dinero a espaldas de una iglesia cercana, donde le esperarían por un máximo de 25 minutos y lo amenazaron con cargarlo de droga tan pronto lo localizaran si no cumplía lo pactado.
Mario Alberto prefirió no ceder a la extorsión y acudió al módulo de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el Mariano Matamoros a denunciar el atropello.
