El nuevo gobierno de España ha anunciado planes para establecer una comisión de la verdad para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, más de 40 años después de su muerte.
Bajo una nueva ley de memoria histórica, los antecedentes penales de los condenados por oponerse al régimen serán borrados y las organizaciones que veneran la memoria del dictador, como la Fundación Francisco Franco, también serán proscriptas.
Los miembros de la fundación ponen flores frescas todos los días en la tumba de Franco y su sitio web lleva elogios a su memoria. Franco, un contemporáneo de Hitler y Mussolini, llegó al poder después de la guerra civil de 1936-39 y gobernó hasta su muerte en 1975.
El gobierno español dice que se encargará de hacer un censo de las víctimas de la guerra civil y la dictadura que siguió. También abrirá un estimado de 1,200 fosas comunes.
Dolores Delgado, la ministra de Justicia, dijo al parlamento: “No es aceptable que las personas de más de 90 años que intentan desesperadamente recuperar los restos de sus padres sean bloqueadas por un juez o por la decisión arbitraria de una autoridad local.
“Tampoco es aceptable que España sea, después de Camboya, el país con el mayor número de desaparecidos en el mundo”.
Según una ley de memoria histórica anterior aprobada por el gobierno socialista en 2007, el estado tenía el deber de ayudar a las familias a localizar y exhumar a familiares enterrados en tumbas sin nombre, pero ese apoyo se retiró después de que el partido popular de derecha asumió el poder en 2011.
Una diferencia clave en la nueva propuesta es que la comisión del gobierno está tomando la delantera, mientras que bajo la ley de 2007 simplemente ofreció apoyo a las familias que intentaban localizar a familiares que desaparecieron bajo la dictadura.
Con información de The Guardian
