Un grupo de estados liderado por fiscales generales demócratas demandaron a la administración Trump el martes por la tarde en un esfuerzo por obligar a los funcionarios a reunir a las familias migrantes que han sido desmanteladas en las últimas semanas.
En el último revés para la política de inmigración de “cero tolerancia” de Donald Trump, 17 estados, incluidos Nueva York, California y Washington, presentaron demandas que acusaban al gobierno de negar a las personas que huyen de la violencia y la pobreza sus derechos.
Mientras tanto, como detenciones sumarias y separaciones familiares se han detenido en la frontera sur de los Estados Unidos, cientos de padres detenidos todavía están esperando noticias de sus hijos. Los expertos le dijeron a The Guardian sus preocupaciones de que las reuniones prometidas no se realizarán en el corto plazo, si es que lo hacen, en medio del caos burocrático del gobierno federal.
En la presentación ante el tribunal el martes en el tribunal de distrito de EE. UU. en Seattle, los estados alegaron que la política de la administración priva a los padres e hijos del debido proceso y niega a los inmigrantes que huyen de la violencia el derecho a solicitar asilo.
“La práctica de la administración de separar familias es cruel, así de claro y simple”, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Todos los días, parece que la administración está emitiendo nuevas políticas contradictorias y confiando en justificaciones nuevas y contradictorias. Pero no podemos olvidar: las vidas de personas reales están en juego “.
Donald Trump la semana pasada de manera abrupta puso fin a la controvertida práctica de su administración de separar por la fuerza a las familias en la frontera de Estados Unidos y México, lo que generó revuelo en ambos lados del pasillo. La administración se vio obligada a llevar su política aún más lejos cuando, el lunes, el principal funcionario de seguridad fronteriza del país dijo que su agencia dejaría temporalmente de remitir a los padres migrantes que cruzan la frontera con sus hijos para su enjuiciamiento penal.
Con información de The Guardian
