¿Pueden los tribunales arreglar el cambio climático?
Varios grupos e individuos en todo Estados Unidos han recurrido a los tribunales para tratar de llevar a cabo lo que hasta ahora el gobierno de Trump se ha negado a hacer: enfrentar las causas y los efectos del calentamiento global.
En California, dos condados y una ciudad demandaron recientemente a 37 empresas de combustibles fósiles, en busca de fondos para cubrir los costos de lidiar con un mundo en constante calentamiento. En Oregon, una demanda federal presentada en nombre de los más jóvenes está en camino de conseguir una fecha para el juicio en febrero, aunque la llamada demanda de los niños podría ser rechazada antes. Más de una decena de fiscales generales estatales han interpuesto demandas para bloquear las acciones de la administración Trump destinadas a reducir las normas ambientales.
Estos esfuerzos realizados en Estados Unidos son parte de una ola de litigios en todo el mundo, incluyendo una sentencia dictada en 2015 mediante la cual un tribunal en los Países Bajos ordenó al gobierno neerlandés hacer más estrictas sus políticas climáticas; ese caso está ahora en apelación. Un informe de 2017 del Programa Ambiental de las Naciones Unidas encontró casi 900 demandas en litigio relacionadas con el clima en más de 20 países. En Suiza, un grupo de casi 800 ancianas conocido como Mujeres Mayores por la Protección del Clima ha demandado a su gobierno por el cambio climático. En Nueva Zelanda, recientemente hubo audiencias en un tribunal sobre un caso relacionado con el clima que presentó una estudiante de leyes, Sarah Lorraine Thomson; el veredicto está pendiente.
Sin embargo, en Estados Unidos las demandas para que los tribunales adopten la batalla por el cambio climático hasta ahora no han llegado a nada. En 2011, la Superma Corte invalidó un caso interpuesto por ocho estados y la ciudad de Nueva York en contra de los productores de electricidad. Una demanda presentada por habitantes de Kivalina, Alaska, en contra de empresas de combustibles fósiles por la reducción de la barrera de hielo oceánico que había protegido al lugar fue desestimada por un juez federal en 2009. Un tribunal de apelaciones federal y la Suprema Corte se negaron a reabrir el caso.
Los nuevos casos interpuestos en California son similares a las demandas estatales en contra del tabaco presentadas en la década de 1990, que sostenían que la industria sabía y ocultaba los peligros de fumar, causando a los estados enormes gastos por atención a la salud. En las nuevas demandas, los condados de Marin y San Mateo, así como la ciudad de Imperial Beach, acusan a las petroleras de saber que su industria causaría un cambio climático catastrófico y encubrir la evidencia.
Serge Dedina, el alcalde de Imperial Beach, mencionó que su comunidad ya está enfrentando inundaciones costeras y lluvias cada vez más intensas, y percibe que vendrán más conforme el nivel del mar aumente.
“¿Cómo nos aseguramos de que los responsables paguen el precio, de manera que los residentes de comunidades como la mía no tengan que pagarlo?”, preguntó.
La supervisora del distrito tres del condado Marin, Kathrin Sears, dijo: “Ya es tiempo de que hagamos que estas empresas de petróleo, gas y carbón asuman su responsabilidad por el daño que sabían que sus productos causarían”.
Vic Sher, el abogado cuyo despacho elaboró los casos presentados en California, dijo que las demandas anteriores relacionadas con el clima que no tuvieron éxito se habían basado en el derecho consuetudinario federal, que los tribunales decidieron que no era aplicable pues a este respecto quedaba desplazado por la Ley del Aire Limpio. Señaló que su caso, en cambio, está fundamentado en el derecho consuetudinario estatal, al que no afectan sentencias anteriores.
California, dijo, podría ser solo el comienzo de este litigio: “Interponer estos casos ha despertado mucho interés en otras comunidades”.
Kent Robertson, vocero de Chevron, una de las acusadas en el caso, dijo que la empresa reconocía la amenaza del cambio climático, pero que las nuevas demandas no constituían la forma adecuada de abordar el problema. “Chevron recibe con gusto los esfuerzos serios para lidiar con el asunto del cambio climático, pero estas demandas no lo son”, dijo.
Chevron se opone al retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre al cambio climático, al igual que las principales empresas de combustibles fósiles. Combatir el cambio climático es un “asunto global”, dijo Robertson, pero las demandas interpuestas por condados y ciudades “solo servirán a intereses especiales a expensas de una política más amplia, así como de prioridades regulatorias y económicas”.
El caso presentado en nombre de los más jóvenes por el grupo Our Children’s Trust tiene metas más amplias que los casos de California: busca obligar al gobierno federal a combatir el cambio climático enérgicamente.
“Las vidas de estos niños y su seguridad están amenazadas por lo que el gobierno hace”, dijo Julia Olson, una de las principales abogadas del caso.
El caso comenzó durante el gobierno de Obama, que según los demandantes no tomó suficientes medidas para evitar los efectos del calentamiento global.
“Incluso las medidas mínimas que se tomaron, por ejemplo, en el gobierno de Obama, ahora están siendo revertidas por la administración Trump”, dijo Olson.
Hasta ahora el caso ha sobrevivido a los esfuerzos de los gobiernos tanto de Obama como de Trump por desestimarlo, y el progreso de la demanda ha llevado a grupos del sector, que se habían sumado al caso con el fin de oponerse al grupo defensor de los niños, a retirarse silenciosamente.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha pedido ahora a las partes nuevos resúmenes, después de que el gobierno de Trump solicitara a este tribunal involucrarse y revisar las sentencias de la juez federal de distrito, Ann Aiken. Los expertos legales señalaron que la decisión que tomó la juez Aiken en cuanto a permitir que el caso progresara fue inesperada y que no es de sorprender que el tribunal de apelaciones quiera hacer una revisión más atenta.
Uno de los demandantes, Xiuhtezcatl Martinez, de 17 años, dijo: “Aún confío en que llegue a los tribunales en febrero”. Añadió que el caso “tiene muchas oportunidades y la capacidad de crear un cambio tangible y a largo plazo”.
Xiuhtezcatl Martinez en su casa de Colorado en 2016. Es uno de los querellantes de una demanda contra el gobierno federal interpuesta por Our Children’s Trust.
Nick Cote para The New York Times
Michael Burger, director ejecutivo del Centro Sabin para la Ley del Cambio Climático de la Universidad de Columbia dijo respecto de los casos de California y Oregon: “Ambos son estrategias de litigio valientes y ambiciosas que en primera instancia causarán sorpresa, y se toparán con un cierto grado de escepticismo. Pero ambos casos tienen oportunidades de prosperar”.
La presión de los litigios también podría llevar a las empresas a alterar sus prácticas o su trabajo con legisladores para lograr algún trato, como lo hicieron las tabacaleras para resolver sus querellas.
Quizá los litigantes más eficaces en el combate al cambio climático podrían resultar ser los fiscales generales de los estados. Durante el gobierno de Obama, los fiscales generales conservadores como Scott Pruitt, de Oklahoma, quien mantenía una relación particularmente cercana con gente de la industria de los combustibles fósiles, lucharon contra las iniciativas ambientales y a menudo tuvieron a actores del sector privado como codemandantes.
Ahora Pruitt encabeza la Agencia de Protección Ambiental, y los fiscales generales progresistas, en especial Eric T. Shneiderman, de Nueva York, están interponiendo demandas con el mismo entusiasmo que los grupos ambientalistas para oponerse a los esfuerzos del gobierno por reducir las normas que regulan el cambio climático. Schneiderman y la fiscal general de Massachusetts, Maura Healy, también están al frente de una investigación sobre los estudios y acciones sobre el cambio climático por parte de Exxon Mobil.
La resistencia que están oponiendo ya podría estar teniendo efecto. La semana pasada, la Agencia de Protección Ambiental se retractó del retraso de un año que había anunciado para hacer cumplir una norma relacionada con el ozono: justo al día siguiente de que la fiscal general interpuso una demanda en la que desafiaba el retraso.
John Schwartz
© The New York Times 2017
