CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Tras denunciar las diversas irregularidades cometidas por Rolando Sánchez Sanz en el Departamento de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Joaquín Solorio hizo pública su renuncia al cargo de coordinador de Maquinaria porque, subrayó, “me era imposible tolerar” constantes violaciones a la normatividad administrativa.
De acuerdo con Solorio –integrante de El Barzón y miembro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), así como de la organización Alianza Ciudadana, que apoyó la candidatura de Javier Corral Jurado al gobierno estatal–, Sánchez Sanz utiliza su cargo para favorecer a municipios panistas con maquinaria pesada y avala conflictos de interés.
“(…) al asumir (Sánchez Sanz) la dirigencia del departamento citado, como cualquier político corrupto comenzó a manejarlo con acciones y actitudes alejadas de las premisas de un gobierno honesto, abierto, respetuoso de los derechos humanos y de la ley, y sobre todo de la optimización de los pocos recursos con los que cuentan las arcas del Estado, utilizando a los empleados y vehículos propios del departamento para realizar actividades personales, tales como depósitos bancarios, pagos de servicios, recoger objetos personales de distintos lugares, etcétera”, explica Solorio en su carta de renuncia dirigida al gobernador Javier Corral.
El hermano de Ismael Solorio Urrutia, asesinado en octubre de 2012 junto con su esposa Manuela Marta Solís Contreras por oponerse a los trabajos de la minera Mag Silver en el municipio de Buenaventura y por su abierta lucha contra la sobreexplotación de pozos de la región, añade:
“Al ser un defensor de derechos humanos, en particular del medio ambiente, no podía tolerar que la maquinaria del estado realizara trabajos con las perforadoras de pozos sin los permisos emitidos por la autoridad del agua. No podía tolerar que una persona insensible a los derechos de las personas con capacidades diferentes, como lo es Rolando Sánchez, eliminara el muro de contención de la rampa de acceso a personas con discapacidad sólo por una ocurrencia y considerarlo un estorbo. No omito mencionar que esto último se denunció ante la Secretaría General de Gobierno, que se comprometió a obligar al funcionario a reconstruirla (la rampa) con recursos propios, cosa que no sucedió, pues se reconstruyó parcialmente y utilizando a los mismos empleados del departamento”.
No obstante, lamenta tener que renunciar al cargo porque, puntualiza, “acepté laborar en el gobierno porque yo, como la mayoría de los chihuahuenses, teníamos la esperanza de un cambio verdadero en la política. Hoy (martes 14) presento mi renuncia”.
Luego detalla que tomó la decisión en respuesta a las acciones represivas de las que fue objeto por denunciar las irregularidades ante el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, y el jefe administrativo de la dependencia, Pedro Reynaldo Pérez Mata.
También presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública.
Solorio indica que tampoco podía permanecer callado cuando Sánchez Sanz utiliza al personal del departamento, específicamente a su auxiliar administrativa, para que le levante los trastes sucios donde desayuna.
“También con el conocimiento del interés y compromiso del gobernador con los recursos de los chihuahuenses, me era imposible tolerar los caprichos de este funcionario, quien instaló llantas especiales, y por ende más onerosas a las arcas del estado, al vehículo que él mismo se asignó para su uso. No sólo este tipo de irregularidades, sino también conflicto de interés se presentan en el departamento de Infraestructura Rural, al contratar a una persona para el área de perforación de pozos, Juan Federico Mariscal Ávila, quien está relacionado con la empresa de aforo de pozos profundos, Aforos Marva, hecho que fue denunciado ante el secretario de Desarrollo Rural y secretario general de Gobierno”, agrega.
Según el denunciante, el poder que ejerce Rolando Sánchez es tal que “violenta la normatividad administrativa al utilizar la maquinaria del estado para favorecer a sectores (municipios y empresas) por obvias razones partidarias, a sabiendas del mal uso que le dan al construir caminos que benefician a sectores privados y que tienen la capacidad económica para contratar un servicio sin subsidio del estado”.
Y subraya al gobernador: “Probablemente los superiores a quienes realicé las denuncias anteriores les pareció cosa menor, pero ante una sociedad irritada y harta de tanto dispendio e incumplimiento de la ley por parte de funcionarios públicos, esto no se puede tolerar. Mi interés era continuar colaborando con este gobierno, convencido de que el denunciar situaciones como las anteriores es lo correcto, conforme a mi ética y mi labor como defensor de derechos humanos. No obstante, el día de ayer (lunes 13) me enteré que mediante un oficio me removerían del departamento al que estoy asignado y en donde les fui tan incómodo, y así dejar el camino libre para que se siga desarrollando el trabajo fuera de las máximas que usted impuso en la toma de protesta y en la reunión que sostuvo con miles de funcionarios panistas. No puedo aceptar un cambio forzoso porque sería convalidar las malas actuaciones, por lo que prefiero renunciar, porque no busco un trabajo en el gobierno como medio principal de sustento, sino como un medio de influir en políticas públicas en beneficio de la gente que más lo necesita”.
