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EU sanciona a red del Cártel de Sinaloa y liga a Carlos Torres

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según sus investigaciones, estarían vinculadas con actividades del Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La medida también incluye a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, así como a personas que las autoridades estadounidenses identifican como integrantes de su círculo cercano, operadores financieros y miembros de una estructura con presencia en Tijuana.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones buscan afectar las redes financieras y operativas relacionadas con el grupo criminal. El secretario Scott Bessent afirmó que las autoridades estadounidenses continuarán identificando a integrantes de organizaciones delictivas y a quienes, según sus investigaciones, faciliten sus actividades.

En el caso de Baja California, el Tesoro señaló a Carlos Alberto Torres Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres, a quienes relacionó con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado por el gobierno estadounidense como uno de los líderes de Los Mayos.

El Departamento del Tesoro acusó a Carlos Torres de utilizar presuntamente su influencia política para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y obstaculizar acciones de las autoridades en Baja California. Estos señalamientos corresponden a la investigación y designación de Estados Unidos y no constituyen por sí mismos una resolución judicial en México.

La dependencia estadounidense también recordó que el Departamento de Estado revocó la visa de Torres en mayo de 2025, al señalar entonces presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Entre las personas mencionadas también se encuentra Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien el gobierno estadounidense relacionó con “El Ruso”.

Las sanciones implican restricciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense y forman parte de las acciones de Washington contra las redes de tráfico de drogas, lavado de dinero y presunta corrupción asociadas al Cártel de Sinaloa.