Tijuana, Baja California.-El secuestro de 31 migrantes en Reynosa pudo haberse prevenido si la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración hubiesen recibido las denuncias que connacionales y extranjeros hicieron ante esas dependencias tras ser privados de la libertad el pasado mes de noviembre.
En esta red de secuestros participaron activamente choferes de transporte público y “personas que se mueven con toda libertad en el aeropuerto y en las terminales de autobuses, interceptando a los migrantes diciéndoles que fueron enviados a recogerlos, para subirlos a camionetas y llevarlos a casas de seguridad”, informó el director del albergue Agape, Albert Rivera.
El ministro denunció un mes atrás el secuestro de un grupo de 18 migrantes que viajaron desde esta frontera hasta Matamoros -donde la aplicación CBP One les asignó su cita- y en Reynosa fueron secuestrados por bandas del crimen organizado que exigieron 7 mil dólares por liberar a cada uno o de lo contrario amenazaron con matarlos.
Durante su cautiverio, según testimonio de los secuestrados, 11 mexicanos y 7 guatemaltecos, presenciaron que al menos 200 hombres, mujeres y niños se encontraban privados de la libertad y algunos de ellos fueron asesinados o mutilados frente a sus propios ojos.
En noviembre, Rivera hizo un llamado de auxilio a la Secretaría de Gobernación y agregó que los migrantes que habían estado alojados en su albergue, huían de estados asolados por la violencia como Michoacán y Guerrero, huyeron de la violencia “y como el CBP One no les dio cita por la garita de El Chaparral en Tijuana, fueron a Tamaulipas donde se encuentran en manos de grupos criminales”.
Preocupado, Rivera explicó que el grupo, compuesto casi en su totalidad por niños excepto una mujer y un hombre, “obtuvieron su cita confirmada por Matamoros México , tomaron su avión en Tijuana y al llegar a Reynosa fueron secuestrados”.
Agregó que por ende, “no lograron llegar a su cita y durante su cautiverio sus secuestradores pidieron 7 mil dólares por cada uno de ellos para liberarlos”, y agregó que para liberar a su familia, un padre tuvo que pagar 29 mil dólares.
Asimismo, los migrantes secuestrados no pudieron interponer denuncia del delito de que fueron objeto ya que la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas no admitió dichas denuncias por establecer que se trata de casos perpetrados por el crimen organizado.
Mientras que la Fiscalía General de la República exige que toda acción se presente en el estado donde tuvo lugar la comisión del delito “y los migrantes ya están en Estados Unidos o tuvieron que volver a Tijuana” informó el director del albergue Agape, Albert Rivera.
A POCOS METROS
De acuerdo con testigos y personas secuestradas, el cártel del Golfo tiene tres bodegas que utilizan como casa de seguridad para secuestrar migrantes, las cuales se ubican a 15 minutos de un albergue.
Dos niñas que fueron parte de los 18 migrantes secuestrados relataron que ellas vieron como mataron a un inmigrante, torturaron a otro al cortar los dedos y pies y a otro le dieron un balazo a uno.
En este albergue el cartel del Golfo tiene de su personal enfilado, quienes se dedican a captar migrantes y ellos mismos les dicen que en este albergue los van ayudar para que puedan hacer su proceso migratorio de asilo para Estados Unidos.
De acuerdo con testimonios más de 200 migrantes han sido privados de su libertad en esas bodegas, hecho al que las autoridades no hacen caso.
A las personas las matan y torturan delante de niños como un ejemplo de intimidación a los familiares, para que éstos manden los pagos como si fueran envíos de dinero.
Se estima que al menos de los secuestro, el cártel está obteniendo alrededor un billón de dólares del año.
