La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, ha sido encarcelada por más de 15 años por cargos de corrupción relacionados con un fraude multimillonario por un plan falso para limpiar un lago contaminado, gracias a una investigación respaldada por la fuerza de combate de la ONU.
Los fiscales respaldados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) descubrieron una red criminal dirigida por Baldetti que conspiró para otorgar un contrato gubernamental de $ 18 millones a una compañía israelí para una poción de limpieza que resultó ser agua de mar.
El veredicto del martes fue aclamado por activistas contra la impunidad que luchan para salvar la comisión de la expulsión del actual presidente que lucha contra el juicio político derivado de múltiples denuncias de corrupción.
El presidente Jimmy Morales sostiene que su decisión de finalizar el mandato de la comisión el próximo mes de septiembre no fue motivado personalmente, y utilizó un discurso en la ONU el mes pasado para afirmar que Cicig era una amenaza para la paz.
Morales, quien fue elegido en 2015 en una plataforma anticorrupción, enfrenta cargos de financiamiento ilegal de campañas y fraude gracias a investigaciones respaldadas por Cicig. Su hermano, hijo y partido político también enfrentan cargos de corrupción.
El enfrentamiento entre el asediado presidente y la popular comisión contra la impunidad se ha intensificado en los últimos meses. Morales ha bloqueado al jefe de Cicig, Iván Velásquez, de volver a ingresar a Guatemala en desafío a las órdenes judiciales que dictaminan la prohibición de inconstitucionalidad.
Velásquez dio la bienvenida al veredicto de Baldetti en Twitter: “¡La lucha contra la corrupción y la impunidad ES posible!”
Baldetti, una ex reina de belleza, se vio obligada a renunciar en 2015 después de que una investigación de corrupción respaldada por Cicig separara un levantamiento social y derribara al gobierno del presidente Otto Pérez Molina, quien permanece en la cárcel de Mariscal en espera de juicio.
Cicig no realiza arrestos ni procesa directamente los casos, pero sus investigaciones conjuntas con fiscales locales han ayudado a descubrir 60 redes criminales y presentar cargos contra 680 personas, incluidos cuatro ex presidentes, oficiales militares, jueces, narcotraficantes y empresarios.
Con información de The Guardian
