CAMPECHE, Camp. (apro).- El extitular y el exadministrador de la Secretaría de Salud, Alfonso Cobos Toledo y Miguel Ángel Duarte Reyes, respectivamente, fueron excarcelados después de obtener un amparo federal contra la prisión preventiva y los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Los procesos penales que se siguen contra ambas personas continuarán, pero sólo por el cargo de uso indebido de atribuciones y facultades.
Al respecto, el fiscal Juan Manuel Herrera Campos aclaró que el juez federal que otorgó el amparo no absolvió a los exfuncionarios –en prisión durante nueve meses–, sólo “consideró que “la medida cautelar de prisión preventiva era muy amplia para este asunto” y les concedió llevar su proceso en libertad.
Adelantó que aunque son respetuosos de la determinación del juez, la Fiscalía General del Estado (FGE) promoverá un recurso de inconformidad contra el amparo. Mientras tanto, añadió, Cobos y Duarte “tendrán que estar acudiendo a las diligencias tantas veces como se les requiera”.
El funcionario estatal advirtió que continuarán con las acusaciones hasta llegar al juicio oral, “y ahí buscar una condena para estas personas”.
Alfonso Cobos y Miguel Ángel Duarte, detenidos por la FGE el pasado 9 de mayo, fueron vinculados a un primer proceso penal por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido de servicio público en pandilla por el desvío de 600 millones de pesos que retuvieron a los trabajadores de Salud por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Y es que en lugar de reportar ese dinero al Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo usaron para pagar nóminas y cubrir otros gastos de la dependencia.
Cuando estaba por resolverse un amparo contra la prisión cautelar solicitada por los exfuncionarios a un juez federal, y que venía a su favor, el Ministerio Público los sorprendió con una nueva imputación, y en este proceso se les dictó una nueva medida de prisión cautelar por ocho meses.
Este otro proceso, al que quedaron vinculados el 20 de septiembre, fue por los delitos de uso indebido de atribuciones y funciones, peculado y ejercicio indebido del servicio público por un presunto desfalco de 12 millones 436 mil 242 pesos con 17 centavos.
De acuerdo con el expediente 23/16-17, dichos recursos provenían de diferentes programas federales correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y parte de 2015, que en conjunto rebasan los 129 millones.
Según expuso la parte acusadora en ese entonces, en una auditoría externa que se solicitó en el proceso de entrega recepción de la dependencia, al inicio de la presente administración estatal, de esos 129 millones que recibió el estado se encontró un desvío de recursos por 51 millones 230 mil 213 pesos con 12 centavos.
De ese monto se reintegró una parte, pero quedaron al aire 12 millones 436 mil 242 pesos con 17 centavos.
De 11 millones 317 mil 819 pesos con 46 centavos del programa federal Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para Personas Vulnerables, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores, de 2013, hay un faltante de un millón 873 mil 841 pesos con 47 centavos.
Y del programa de Fortalecimiento de la Salud 2013, presuntamente fueron desviados 20 millones 431 mil 46 pesos con 12 centavos, de un monto total de 68 millones 147 mil 227 pesos que recibió el estado.
Respecto del programa Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, de 2014, hay un faltante de 28 millones 925 mil 321 pesos con 33 centavos, de los 49 millones 714 mil 192 pesos recibidos. Según la acusación, ese dinero se transfirió para pagos a personas físicas que no estaban dentro de los convenios de la dependencia.
El expediente detalla que de los 38 millones 793 mil 970 pesos con 75 centavos devueltos del Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para Personas Vulnerables, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores, de 2013, se reintegraron cuatro mil 642 pesos con 20 centavos; 16 millones 19 mil 342 pesos con 41 centavos del programa para el Fortalecimiento de la Salud 2013, y 22 millones 769 mil 982 pesos con 14 centavos del de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud 2014.
En su momento la FGE argumentó que la actual administración de Salud solicitó un préstamo de 30 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam), con los que cubrió el faltante de 12 millones 436 mil 242 pesos con 17 centavos. No dijo en qué se usó el resto.
El encarcelamiento de Cobos y Duarte fue interpretado por la opinión pública como un acto de justicia, más que como una revancha del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas contra el grupo político de su antecesor Fernando Ortega Bernés, actual embajador de México en Paraguay, a quien el mandatario ha acusado públicamente de “traición”.
El caso se ha convertido en referente de esta administración en el supuesto combate a la corrupción, que hasta ahora no ha alcanzado a ningún funcionario del presente sexenio, pese a las denuncias por el presunto saqueo en el que estarían incurriendo varios de ellos, incluido el propio mandatario.
En el cierre de la audiencia de vinculación a su segundo proceso, Alfonso Cobos Toledo y Miguel Ángel Duarte Reyes se quejaron ante el juez primero de Control, Pedro Brito Pérez, “del acoso de los medios de comunicación”, pues en la cobertura de su caso se han expuesto sus nombres y fotografías de archivo, así como imágenes de sus esposas e hijos saliendo del juzgado o de la prisión.
Ambos argumentaron que esa situación constituye una violación a sus derechos humanos y a su presunción de inocencia, por lo que el juzgador instruyó al Ministerio Público a recibirles la queja, investigar qué medios los exhibieron y mandar a llamar a los responsables.
El antecesor de Cobos en la Secretaría de Salud, Enrique Iván González López, quien estuvo en el cargo durante la primera mitad del gobierno de Ortega Bernés, también se encuentra en prisión, acusado de peculado, pero su caso contra las arcas del ayuntamiento de El Carmen, que encabezó en el trienio anterior.
