Piden dádivas por validar pruebas. Hasta 7 años de cárcel y fuertes multas a quien incumpla leyes
MEXICALI.- Diputados de la 21 Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen número 118 proveniente de la comisión de justicia, por el cual se modifica el artículo 341 del Código Penal de Baja California para incluir como sujetos sancionables a concesionarios, técnicos o encargados de centros de verificación vehicular que se presten a actos de corrupción en los trámites de revisión de contaminantes que efectúan a los automóviles esos establecimientos.
En su argumentación, el inicialista diputado José Alberto Martínez Carrillo, informó que “se tiene conocimiento de que los responsables o técnicos que operan los centros de verificación vehicular, en ocasiones han caído en actos de corrupción al pedir dádivas en efectivo para poder validar la prueba de verificación a los automovilistas que realizan ese procedimiento”.
Por ello, agregó el diputado presidente de la comisión de medio ambiente y desarrollo sustentable, propuso establecer una pena de tres y hasta siete años de prisión, y multa hasta 5 mil 500 días de salario mínimo vigente en la entidad, para castigar los referidos actos de corrupción que afectarían la salud de los ciudadanos y al medio ambiente.
“El programa de verificación vehicular que la Secretaría de Protección al Ambiente implementa, representa una opción necesaria que coadyuva con lograr el objetivo; sin embargo, en la realidad no funciona del todo bien, por lo que es importante establecer los mecanismos legales preventivos que aseguren el correcto funcionamiento del servicio que se brinda la ciudadanía por parte de los concesionarios”, explicó.
Martínez Carrillo dijo que actualmente hay 18 estados donde se aplica la verificación vehicular, entre ellos Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Veracruz, donde sus respectivos códigos penales señalan directa y explícitamente la aplicación de sanciones con años de cárcel y días multa a los responsables, propietarios o técnicos de los centros de verificación vehicular, que no operen de una manera adecuada y se presten a la corrupción.
