CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el juez sexto de lo penal, Jesús Manuel Ibarra, negó a la niña Citlali el derecho al aborto, pese a comprobarse que fue violada, diversas agrupaciones feministas exigieron su destitución y ya han empezado a recolectar firmas de la ciudadanía para apoyar la petición.
En un pronunciamiento dirigido a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y al procurador general de Justicia del estado, Rodolfo Montes de Oca, las mujeres solicitaron que se garantice la reparación del daño a la niña de 13 años de edad y a su familia, frente a la negativa de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Además de las firmas, el colectivo –que incluye, entre otras, a la agrupación Marcha de las Putas Sonora– realiza colectas para solventar los gastos del traslado a la Ciudad de México de los abogados Nohelia Escoboza Chan y Eduardo Fabian Rico Arias, quienes llevaron el caso inicialmente, para que acompañaran a la niña y a su padre a solicitar que se le practicara el aborto.
Actualmente la niña también recibe el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Los grupos de mujeres que exigen la destitución del juez, que además reclasificó el delito de violación como estupro, condenaron enérgicamente la violencia institucional y la sistemática violación a los derechos humanos ejercida contra Citlali (nombre ficticio), quien en mayo pasado fue violada en el poblado de Miguel Alemán, en el estado de Sonora.
A pesar de que la familia de la menor de edad presentó una denuncia penal, el agente del Ministerio Público omitió aplicar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), que obliga a las autoridades judiciales y de salud ofrecer a la víctima anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.
Es por ello que Andrea Sánchez, integrante de Marcha de las Putas Sonora, dijo que la firma de la ciudadanía es muy importante porque así pueden demostrar que las y los sonorenses no permitirán que vuelvan a suceder casos como el de Citlali.
