CIUDAD DE MEXICO (apro).- En víspera de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigieron al Congreso de la Unión retomar el diálogo suspendido desde mayo pasado con los legisladores, con el fin de “incorporar la experiencia, propuesta y participación” de los familiares parar discutir la iniciativa de ley la materia.
Reunidos en el Museo de la Revolución Mexicana, miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por unos 40 grupos de familiares de víctimas de todo el país y unas 45 organizaciones civiles, demandaron la aprobación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de Personas durante el próximo periodo legislativo, que inicia este 1 de septiembre.
Al compartir sus experiencias de búsqueda y la forma en que autoridades estatales abordan el tema de los desaparecidos, los familiares de las víctimas advirtieron que repudiarán la ley si no toma en cuenta sus consideraciones.
De ahí que exigieron la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, en la que estén representados los familiares de los desaparecidos y autoridades, con el fin de coordinar esfuerzos de diversas autoridades de diversos órdenes de gobierno.
Los integrantes del Movimiento puntualizaron que la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto, en diciembre del año pasado, no cumple con las exigencias de los familiares de las víctimas, entre ellas emprender un plan nacional de búsqueda de los casi 30 mil desaparecidos en México, considerando los casos registrados durante la “guerra sucia”.
En el acto, familiares de desaparecidos en Querétaro, Veracruz, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León expusieron las penurias que han vivido ante la indolencia, falta de interés y capacitación de autoridades ministeriales y policiacas, a nivel federal y estatales, para buscar a sus seres queridos, lo que los ha llevado a ellos a realizar las investigaciones, así como tomar picos y palas para hacer lo que los funcionarios no quieren hacer.
En el ámbito federal, Yolanda Morán, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUDC), reprochó la incapacidad de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, de la Procuraduría General de la República (PGR), para procesar los casos de desaparición, así como la intención del gobierno de Peña Nieto de crear fiscalías estatales para canalizar los casos que están en el ámbito federal a las entidades federativas.
También resaltó que la Fiscalía Especializada carece de recursos y personal, “pues de 30 ministerios públicos, diez o 15 los enviaron para investigar la desaparición de los 43 (estudiantes de Ayotzinapa); nos hemos entrevistado con el responsable de la Policía Federal, Enrique Galindo, y nos ha dicho que ellos no están para buscar a desaparecidos, sino para buscar delincuentes, nadie busca a nuestros desaparecidos”.
Al señalar que los familiares con desaparecidos se sienten “abandonados”, puntualizó que los integrantes del Movimiento rechazan “que los casos se vayan a los estados, porque de todos es sabido la gran corrupción y colusión que hay de las autoridades estatales y municipales con los criminales, ni modo que ellos se investiguen a sí mismos”.
Morán Isaís exigió la reanudación del diálogo entre las familias de desaparecidos con los senadores, ya que después del último foro organizado por la Cámara alta, en mayo en Coahuila, “no ha habido mayor acercamiento, pedimos cita y nos dicen que tienen otras actividades, y así se la han llevado, no sabemos si realmente han incorporado nuestras exigencias al proyecto final, y de eso tenemos que estar seguros; si no es así, no vamos a avalar esa ley, la vamos a rechazar”.
Entre las experiencias de búsqueda de desaparecidos, Georgina Villalobos, de Desaparecidos-Justicia, de Querétaro, con un hermano desaparecido en agosto del año pasado, narró que han logrado rescatar a 13 personas, ocho de ellas con vida, “sin recursos y sin apoyo de las autoridades, sólo con el corazón”.
Natalia Navarro Escobedo, de Eslabones Nuevo León, quien busca a su sobrino Luis Alberto Navarro desde 2010, resaltó que debido a la perseverancia de los familiares de desaparecidos se han recuperado más de 260 mil fragmentos óseos en el rancho Las Abejas, en el municipio de Salinas Victoria.
“Las autoridades dicen que son restos de la guerra entre los cárteles del Golfo y de Los Zetas, pero es una forma en que las autoridades pretenden evadir las investigaciones, pues dicen que son restos de integrantes de grupos delictivos para no tomar su parte de responsabilidad”, señaló la activista, quien también narró la participación de Eslabones en la recuperación de 117 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, Morelos.
Silvia Ortiz, del Grupo Vida de Torreón, madre de Stephanie Sánchez, desaparecida hace once años, acusó que las autoridades “no van a buscar, nomás están en sus camionetas con aire acondicionado”; en contraste, ellos han logrado la localización en un sitio de 15 mil fragmentos óseos y de 800 en otro, así como el de cinco cuerpos.
Reconoció que con base en la movilización, el Grupo Vida logró algunos apoyos como el ingreso a los reclusorios locales para buscar a los desaparecidos, y han logrado cerrar bares y antros “donde se tenía evidencias de trata de personas”.
Al convocar a sus compañeros a exigir la apertura de reclusorios de todo el estado, así como de los centros federales, para buscar a sus seres queridos, Ortiz los exhortó a “ir a las sierras, donde también pueden estar nuestros hijos, obligados a trabajar”.
Mirna Medina, de las Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa, quien busca a su hijo Roberto Corrales, desaparecido en julio de 2014, contó que fue la indolencia de los agentes del MP de su entidad lo que la movió a buscar a su hijo.
“Cuando puse la denuncia me dijeron que ellos no buscaban desaparecidos y empecé a buscar sola, después se me unieron 14 mujeres”, contó Mirna quien señaló que en los primeros meses de búsqueda en la zona norte de Sinaloa había 34 averiguaciones previas y, a dos años de creado el grupo de las Rastreadoras, suman 286.
Medina señaló que por su labor han rescatado 58 cuerpos, 57 de ellas de hombres; 24 ya han sido entregados, 10 están en espera de que se les realice pruebas de ADN, y del resto aún no se sabe quiénes son.
Juan Carlos Trujillo Herrera, de la Red de Enlaces Nacionales, recordó que la víspera se cumplen ocho años de buscar a cuatro de sus hermanos, y que lo que a lo largo de este tiempo lo que le ha quedado claro es que “de nada vale que te reúnas con las autoridades, en 2011 nos reunimos con Felipe Calderón, se comprometió a dar con mis hermanos, considerados en su guerra como daños colaterales”, y no hubo resultados.
El defensor insistió en la urgencia de integrar a los familiares en la redacción de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de Personas por Particulares porque “ellos (los políticos) nunca van a entender lo que es tener a un familiar desaparecido, no saben qué es lo que se necesita, para ellos los huesos son cargos políticos, pero para nosotros son tesoros, por eso si el gobierno no quiere o no sabe, que no estorbe”.
Para los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México los cinco puntos que urgen se integren en el proyecto de ley son: creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, un Plan Nacional de Búsqueda, Plan Nacional de Exhumaciones e Identificación de Restos, la asignación de presupuesto suficiente, y fincar responsabilidades a funcionarios que “por omisión permiten que se sigan cometiendo estos delitos”.
Durante el foro “Desafíos para la búsqueda de nuestras y nuestros desaparecidos en México”, con el que dio inicio la campaña #SinLasFamiliasNo, los participantes condenaron el desalojo violento del plantón que mantenían miembros del Frente Amplio Morelense (FAM) fuera del palacio de gobierno en Cuernavaca, Morelos, así como la golpiza propinada por policías del Mando Único al poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
En voz de Óscar Sánchez, de la organización Vida de Torreón, Coahuila, el Movimiento reprobó la represión contra Sicilia y los integrantes del FAM, hechos que consideraron como un “ataque a quienes han ayudado a los familiares de los desaparecidos, y han luchado por involucrar a la academia, en este caso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con las causas del pueblo, y la prueba más clara es su participación activa para las exhumaciones en las fosas del Tetelcingo”.
