Exigencia de averiguación sobre abuso policial de mujeres pudiera embrollar al presidente mexicano

CIUDAD DE MÉXICO – Oficiales internacionales del área de derechos humanos están exigiendo una investigación sobre los brutales ataques en contra de 11 mujeres mexicanas durante protestas hace una década; averiguación que apuntaría al Presidente Enrique Peña Nieto, quien fue en esa época el gobernador a cargo de los ataques.

La demanda forma parte de un estudio de varios años por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre abusos durante una represión de 2006 ordenada por Peña Nieto en San Salvador Atenco, poblado en el estado de México donde manifestantes habían tomado el control del zócalo. Durante las operaciones, que dejaron dos muertos, más de 40 mujeres fueron detenidas violentamente por la policía, subidas a autobuses y enviadas a prisión a varias horas de distancia.

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El caso fue entablado por 11 mujeres ante la comisión internacional, que encontró que la policía las torturó sexualmente. Después de que las mujeres fueran encarceladas, pasaron días antes de que les practicaran exámenes médicos en forma, encontró la comisión.

“No lo he superado, ni un poco”, dijo una de las mujeres, María Patricia Romero Hernández, llorando. “Es algo que me persigue tenazmente y no sobrevives. Permanece contigo”.

 (Daniel Berehulak/The New York Times)
(Daniel Berehulak/The New York Times)

Para Peña Nieto, el llamado de la comisión de derechos humanos por una investigación es otro golpe a una presidencia bajo asedio. Escándalos de corrupción y persistente violencia ya han arrastrado sus índices de aprobación hasta los niveles más bajos de cualquier presidente mexicano en un cuarto de siglo. Su invitación a Donald Trump, el candidato presidencial de los republicanos que es denigrado en México por sus declaraciones criticando a mexicanos, sumió a su administración incluso más en la polémica.

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Los ataques son también un recordatorio de incontables casos más en el país que siguen sin respuesta, incluyendo la agobiante desaparición de 43 estudiantes universitarios hace dos años. Oficiales internacionales arguyen que la investigación sobre ese caso fue socavada activamente por el gobierno Peña Nieto.

Sin embargo, la comisión internacional consideró que los esfuerzos de México por investigar el abuso son insuficientes hasta ahora. Más bien, exigió una averiguación mucho más exhaustiva para descubrir responsabilidad a lo largo de toda la cadena de mando, lo cual muy probablemente volvería a Peña Nieto parte de la investigación porque él ordenó la represalia.

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Además, se pronunció por acciones disciplinarias o penales en contra de cualquier autoridad que haya contribuido a la negación de justicia para las mujeres.

(Daniel Berehulak/The New York Times)
(Daniel Berehulak/The New York Times)

La comisión entregó sus hallazgos la semana pasada a la Corte Interamericana, poder judicial de tipo independiente con autoridad legal sobre México. Si la corte coincide con la comisión, puede ordenarle a México que amplíe su presente averiguación sobre el caso, requisito que podría obligar al estado a que investigue a su propio presidente.

La comisión sugiere que el gobierno estatal bajo Peña Nieto habría buscado reducir al mínimo e incluso encubrir los sucesos. Quizá el ejemplo más escabroso es a quién eligió perseguir el gobierno: en vez de ir detrás de la policía que cometió tortura sexual, el estado más bien persiguió a las mujeres al principio. Cinco de ellas fueron encarceladas durante un año o más, bajo cargos como obstrucción del tránsito, detenciones que la comisión consideró arbitraria.

Días después del episodio, el estado negó las acusaciones de las mujeres, llamándolas mentirosas esencialmente. Peña Nieto le dijo a un diario local en esa época que una táctica conocida de grupos radicales era hacer que las mujeres lanzaran acusaciones de violencia sexual para desacreditar al gobierno. Otros en su administración hicieron afirmaciones similares.

Desde entonces, mientras el gobierno ha reconocido la veracidad de las acusaciones, ni una sola persona ha sido condenada formalmente de crimen alguno relacionado con los ataques en Atenco. Más recientemente, fueron sobreseídos los casos de cinco médicos acusados de haber hecho caso omiso de evidencia de abuso sexual.

(Daniel Berehulak/The New York Times)
(Daniel Berehulak/The New York Times)

Este caso es un ejemplo de los extremos a los que deben llegar las víctimas en busca de justicia en México. Las mujeres soportaron más de 10 años de amenazas, intimidación y trauma psicológico. Ellas vieron cómo los hombres que las atacaron salían libres.

Pero, al negarse a abandonar el caso,las mujeres lo impulsaron hasta un ámbito internacional, convirtiéndolo en un símbolo del fallido estado de derecho en México y la impunidad generalizada que garantiza que nunca sane.

Si bien es improbable que el gobierno de Peña Nieto conduzca una investigación sobre si él sabía o encubrió los ataques, la admonición de un organismo internacional es una profunda vergüenza para él.

Habiendo sido presentado ante la corte, pese a varios intentos por parte del gobierno mexicano para demorarlo y descarrilarlo, el caso ofrece una inusual oportunidad para la rendición de cuentas en un país donde solo llega a resolverse un diminuto porcentaje de los crímenes. Las mujeres se negaron a llegar a un acuerdo sobre el caso durante años, con ayuda legal de la organización por los derechos humanos Centro Prodh, rechazando promesas de casas y becas gratis. En entrevistas con las 11 víctimas, surgió un deseo fundamental: un reconocimiento público de lo que les ocurrió a ellas y quién lo ordenó.

 (Daniel Berehulak/The New York Times)
(Daniel Berehulak/The New York Times)

El trauma residual de los ataques ha marcado a cada mujer de manera diferente. Para algunos, familiares y amigos ofrecieron una forma de recuperarse, aunque no enteramente, y seguir adelante con sus vidas. Unas cuantas encontraron formas de conectar su lucha con el impulso mayor por justicia y derechos en México. Sin embargo, otras no encontraron ese consuelo, siendo el paso del tiempo un bálsamo inútil.

“Nunca podría decirle a mi hijo y padre sobre el hecho de que fui violada no por uno sino por varios policías, porque ellos se habrían vuelto locos”, dijo Romero. “No quería causarles incluso más dolor. Nosotras habíamos sufrido suficiente”.

Los ataques, persecución, encarcelamiento y estigmatización surgida de la violencia sexual llegaría a definir los siguientes 10 años para las mujeres de Atenco. En entrevistas, ellas describieron cómo sus vidas se habían partido en dos: las mujeres que eran antes del episodio, y en quienes se convirtieron después.

Las que estaban estudiando en esa época dejaron la universidad y nunca regresaron. Todas tuvieron dificultades con la intimidad. Madres vieron cómo sus hijos las abandonaban, frustrados y temerosos de la interminable campaña por justicia. Padres dieron la espalda a hijas, avergonzados por el abuso y la lucha pública que siguió. Parejas también siguieron adelante, incapaces de adaptarse al trauma de una sobreviviente de ataque sexual.

“Tomé la decisión consciente de sobrevivir, de estar viva y bien hoy, de sentirme bonita de nuevo, de amarme y verme en el espejo y reconocer a la persona que veía”, dijo Patricia Torres Linares, de 33 años de edad, quien abandonó sus estudios en pos de un diploma en ciencia política tras el ataque. “Fue lo que ellos me robaron, mi forma de ser, de amar, de sentir. Antes yo era tierna y dulce, después me volví fría y distante”.

 (Daniel Berehulak/The New York Times)
(Daniel Berehulak/The New York Times)

Para algunas, una sensación de vergüenza, incluso responsabilidad, por lo ocurrido nubló sus relaciones con otras personas y su propio sentido de identidad. La supervivencia se convirtió en su métrica del éxito, una progresión tangible para marcar los días.

“Duele saber que la Claudia de antes de Atenco ya no existe”, dijo Claudia Hernández Martínez, de 33 años, quien abandonó sus estudios en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México tras el ataque. “Ahora, estoy asustada todo el tiempo. Asustada de todo. Temerosa de salir a la calle, de expresar mis propias ideas, para que la gente sepa lo que ocurrió en Atenco”.

Si bien el gobierno argumenta que ha perseguido a los responsables, tras años de estancamiento, la comisión consideró que sus esfuerzos fueron tanto tardíos como insuficientes. Treinta y cuatro oficiales de bajo nivel estuvieron en juicio hasta agosto, procediendo a través de un proceso judicial lento e impredecible que no ha logrado apaciguar a las víctimas.

En abril, casi exactamente 10 años después de los sucesos en Atenco, Peña Nieto fue de visita al pueblo. El evento fue cubierto ampliamente en los medios locales de comunicación, incluyendo el discurso que Peña Nieto dio ante una multitud de mujeres y niños.

Ni el presidente ni los informes locales hicieron una sola mención de las protestas, las muertes o las violaciones.

Más bien, la visita y su cobertura se centraron en el Día del Niño, así como en la nueva iniciativa del presidente para extender la educación preescolar a todos los niños del país.

Azam Ahmed
© 2016 New York Times News Service