ENSENADA BC 25 JULIO DE 2016 (AFN).- Una denuncia penal “contra quien resulte responsable” en el Congreso del Estado, por la “pérdida” de ocho cajas de expedientes sobre el conflicto territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito, plantearon integrantes del Grupo Interdisciplinario para la defensa del territorio de Ensenada, A.C.
Ante el grupo Foro de Ensenada, A.C., que preside Jorge Menchaca y que contó con la presencia de Alfonso García Quiñonez y Andrés Armenta González, integrante del mencionado grupo, advirtieron la necesidad de que se busque fincar responsabilidad penal a quien corresponda, ya sea al presidente del Propio Congreso del Estado, los policías de entrada u otros responsables, por la desaparición de estos documentos.
Enfatizaron los mencionados que este hecho debe tener una responsabilidad legal “con nombre y apellido”. No es posible -manifestaron- que se diga ahora que desaparecieron seis cajas con información proporcionada a través del Ayuntamiento de Ensenada y dos de Playas de Rosarito “y no pase nada”.
Por lo anterior, sugirieron que lo que legalmente corresponde, es interponer una denuncia penal y ante la instancia que le corresponde, ya sea el Ayuntamiento de Ensenada, o el propio Congreso de Baja California.
Existe, según recordaron una “Oficialía de Partes”, donde debe haber un control de lo que entra y sale del edificio del poder legislativo, por lo que preguntaron que “¿cómo está que a chuchita la bolsearon y nadie establece una responsabilidad clara?”, puntualizó.
Es lógico, dijo Andrés Armenta, que alguien tuvo el interés de que se perdieran esas cajas de documentos y que hubo quien permitió la salida de las mismas. Esa responsabilidad se debe establecer, recalcó.
Señaló por nombre -sin afirmar directamente que ella se las llevó- a la diputada Laura Torres, al afirmar que: “incluso una legisladora, la hija de Hugo Torres, en todo momento ha tenido un interés directo en el tema; quería ser presidenta municipal y era diputada”. Era importante, agregó, que esos documentos se mantuvieran guardados y ajenos a quienes pudieran tener un fin específico sobre el asunto.
Hizo notar que sobre los terrenos en disputa por los dos ayuntamientos vecinos, en todo momento han existido muchos intereses, porque se trata de predios con mucha plusvalía, que catastralmente están tasados muy elevados, y el pago de traslación de dominio y predial es significativo, además de que están en una zona donde hay agua, de la cual hay escasez en ambos municipios.
Ahora lo que le piden al Ayuntamiento de Ensenada es que de nuevo se mande la información, a sabiendas que es solo otra medida dilatoria, de cuya responsabilidad es del propio Congreso. Andrés Armenta consideró que se ha buscado en el transcurso de los años que se genere cansancio de la ciudadanía para no insistirse en el tema, pero aclaró esto no sucederá.
Se estará al pendiente para que en la reintegración del expediente éste vuelva a estar completo y se evite malos manejos de mala fe, como se ha demostrado hasta el momento se ha tenido con relación al tema.
Se recalcó que esas cajas de documento que se perdieron pertenecen a lo que jurídicamente llaman los abogados como el expediente, que nació de una demanda, donde el Municipio de Playas de Rosarito, emplaza al de Ensenada a través del propio Congreso y se contesta dicho procedimiento con una contrademanda.
Estos son expedientes jurídicos con un carácter de tipo legal, denominado técnicamente como Controversia territorial y donde el Congreso del Estado es la instancia que debía de proceder como ejecutora en base a esos documentos que ahora resulta perdieron.
Los expositores expusieron todos los antecedentes que generaron este procedimiento legal, del cual siempre se ha contado con todos los antecedentes legales, históricos, geográficos, y documentales a favor de Ensenada, dijeron.
Incluso en 1989, en que el Congreso del Estado estableció los límites de cada municipio, de acuerdo a información datada desde 1953 en que se aprobó el Estado, donde se establece que Ensenada, tiene 52 mil kilómetros cuadrados, y Tijuana mil 584 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, en 1995, cuando se busca crear el Quinto Municipio del Estado, en Playas de Rosarito que era parte de una delegación de Tijuana, para establecer los límites territoriales, el Congreso del Estado pide información a la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado (Sahope), y es ahí donde surge la polémica
Esta instancia de gobierno anexo un plano delegacional donde establece lo que según esta instancia debe corresponder al naciente Ayuntamiento de Playas de Rosarito, pero le agrega 168 kilómetros cuadrados de más, a los mil 584 kilómetros que se tenían asignados en total al Municipio de Tijuana, haciéndolo crecer a mil 752 kilómetros cuadrados.
Lo anterior provocó que la asignación de terreno no fuera solo de los que antes eran del Ayuntamiento de Tijuana, sino que ocasionó una sobre posición con predios que históricamente siempre habían pertenecido al Ayuntamiento de Ensenada.
En este sentido, cuando se integra al naciente Ayuntamiento, se realizaron modificaciones legales con este error de dato, así como tomando en cuenta colindancias no existentes, como el considerar a un río San Miguel, el cual no existe, primero porque en el Estado no hay ríos y segundo por no existir tampoco un arroyo con esa denominación, aspecto que genera confusión.
Por lo anterior, lo que ha gestionado el Ayuntamiento de Ensenada es buscar la nulidad de esas modificaciones legales de 1995, que parten de datos equívocos de lo que históricamente y de acuerdo a una serie de antecedentes documentales, fotográficos, geográficos entre muchos otros se cuenta y se han aportado como base de información.
A consideración de los expositores, desde un principio del nacimiento de dicho Ayuntamiento, hubo mala fe del Gobierno del Estado de Baja California, a través de la entonces SAHOPE, al proporcionar información falsa, y no solo eso, sino que se publicó en el Periódico del Estado, en el anexo de un croquis oficiosamente distorsionando la verdad y manipulando a la opinión publica
Puntualizaron que en el transcurso de las legislaturas, se ha mostrado poco interés en resolver la controversia en base a la información proporcionada, sino a intereses particulares, por tratarse de terrenos que son considerados como muy valiosos.
